VIZCAYA
«El autor no puede prohibir la reforma de su obra si mejora la funcionalidad»
El juez del 'caso Calatrava' repasa durante una conferencia en el Colegio de Arquitectos los argumentos que siguió para dictar sentencia
22.02.08 -
Edmundo Rodríguez, en una sesión del juicio. / MITXEL ATRIO
Fue una sentencia complicada, por novedosa, y para muchos salomónica. El juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao que en noviembre desestimó la demanda del arquitecto Santiago Calatrava contra el Ayuntamiento de Bilbao por conectar una pasarela del japonés Isozaki al puente 'Zubi-zuri' explicó ayer los criterios que siguió para emitir su veredicto. Lo hizo en el marco de unas jornadas organizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro sobre los derechos de autor y se mostró categórico, aunque el demandante haya recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial. A pesar de defender con vehemencia los derechos que amparan a estos profesionales, remarcó que un creador «no puede prohibir la reforma de su obra si mejora su funcionalidad».
Edmundo Rodríguez Achútegui resumía con esta frase su decisión de primar la utilidad pública del viaducto diseñado por el arquitecto valenciano frente a una posible vulneración de sus derechos de propiedad intelectual. Prevalece ante todo su uso peatonal, la tesis defendida por el Consistorio en un litigio sin precedentes en España y que le ha librado de derruir el añadido o, en su defecto, indemnizar a Calatrava con tres millones de euros.
El magistrado reconoce que a veces es difícil establecer con claridad la línea que separa ambos derechos. Quizá por eso pidió a los arquitectos que hagan un esfuerzo por «compatibilizar el corpus místicum y el corpus mecanicum». Frente a la visión artística de un trabajo, les aconsejó que no olviden «nunca» que sus obras están «destinadas a una utilidad» y que, por tanto, «no se crearon sólo para el disfrute».
En su opinión, por tanto, una intervención parcial quedaría justificada siempre que no suponga la desaparición de alguna singularidad de la construcción. «Nadie concebiría atacar elementos de un edificio de Gaudí», puso como ejemplo.
Rodríguez Achútegui habló en todo momento sin referirse directamente a la pasarela de Calatrava, pero las alusiones eran palpables. Defendió, por ejemplo, que el propietario de una obra arquitectónica pueda encargar su reforma a alguien que no sea su creador, como ocurrió en este caso. «Puede haber diferencias en función del caché que haya adquirido el autor», elucubró. Aunque al mismo tiempo aconsejó que estos casos se lleven con el mayor acuerdo posible entre las partes para evitar fricciones.
Difícil aplicación legal
En cualquier caso, el juez reconoció que la Ley de Propiedad Intelectual no nació en un principio para regular una profesión como la arquitectura. Ha habido que adaptarla. De ahí que a veces resulte tan complicado escoger los argumentos que deben primar en una sentencia sobre esta materia. «Principalmente porque cuando uno afronta algún caso de este tipo, resulta casi imposible lograr un conocimiento totalmente profundo y detallado de la cuestión».
Según su experiencia, la «inmensa mayoría» de las demandas por derechos de autor en proyectos urbanísticos las presentan los propios creadores con posterioridad a que su obra haya sido finalizada. Es entonces cuando el propietario puede decidir realizar algunas aportaciones por su cuenta «y surgen conflictos entre los intereses privados y públicos». Ante esta tesitura, Rodríguez Achútegui animó a los arquitectos a defender sus derechos, aunque «cuanto menos acudan a los tribunales, mejor que mejor».
Edmundo Rodríguez Achútegui resumía con esta frase su decisión de primar la utilidad pública del viaducto diseñado por el arquitecto valenciano frente a una posible vulneración de sus derechos de propiedad intelectual. Prevalece ante todo su uso peatonal, la tesis defendida por el Consistorio en un litigio sin precedentes en España y que le ha librado de derruir el añadido o, en su defecto, indemnizar a Calatrava con tres millones de euros.
El magistrado reconoce que a veces es difícil establecer con claridad la línea que separa ambos derechos. Quizá por eso pidió a los arquitectos que hagan un esfuerzo por «compatibilizar el corpus místicum y el corpus mecanicum». Frente a la visión artística de un trabajo, les aconsejó que no olviden «nunca» que sus obras están «destinadas a una utilidad» y que, por tanto, «no se crearon sólo para el disfrute».
En su opinión, por tanto, una intervención parcial quedaría justificada siempre que no suponga la desaparición de alguna singularidad de la construcción. «Nadie concebiría atacar elementos de un edificio de Gaudí», puso como ejemplo.
Rodríguez Achútegui habló en todo momento sin referirse directamente a la pasarela de Calatrava, pero las alusiones eran palpables. Defendió, por ejemplo, que el propietario de una obra arquitectónica pueda encargar su reforma a alguien que no sea su creador, como ocurrió en este caso. «Puede haber diferencias en función del caché que haya adquirido el autor», elucubró. Aunque al mismo tiempo aconsejó que estos casos se lleven con el mayor acuerdo posible entre las partes para evitar fricciones.
Difícil aplicación legal
En cualquier caso, el juez reconoció que la Ley de Propiedad Intelectual no nació en un principio para regular una profesión como la arquitectura. Ha habido que adaptarla. De ahí que a veces resulte tan complicado escoger los argumentos que deben primar en una sentencia sobre esta materia. «Principalmente porque cuando uno afronta algún caso de este tipo, resulta casi imposible lograr un conocimiento totalmente profundo y detallado de la cuestión».
Según su experiencia, la «inmensa mayoría» de las demandas por derechos de autor en proyectos urbanísticos las presentan los propios creadores con posterioridad a que su obra haya sido finalizada. Es entonces cuando el propietario puede decidir realizar algunas aportaciones por su cuenta «y surgen conflictos entre los intereses privados y públicos». Ante esta tesitura, Rodríguez Achútegui animó a los arquitectos a defender sus derechos, aunque «cuanto menos acudan a los tribunales, mejor que mejor».
