La regulación del peaje de la Bilbao-Behobia es uno de los aspectos más polémicos de la política actual de la Diputación vizcaína en materia de infraestructuras. En el caso de Usansolo, el Ejecutivo foral se ha planteado pagar con sus propios fondos la tarifa entre el próximo 1 de abril y el 1 de enero de 2012, lo que supondría un desembolso aproximado de un millón de euros al año.
«Que se retracten»
El acuerdo, justificado desde Diputación «como una compensación a los conductores por el calvario que supondrá la acumulación de obras alrededor de Bilbao», supone para los populares un trato «injusto y discriminatorio» con respecto a los vecinos del Duranguesado.
«Queremos que los grupos políticos de sus ayuntamientos se retracten delante de sus ciudadanos y que expliquen por qué sus vecinos tienen que pagar la autopista, mientras que el resto de vizcaínos no lo hacen», reprobó ayer el portavoz popular en las Juntas Generales de Vizcaya, Carlos Olazábal, en la presentación de la iniciativa.
Olazábal, que mostró, por otra parte, su satisfacción por el acuerdo de eliminar el peaje de Usansolo, adelantó también que su grupo solicitará la comparecencia del titular de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo, «para que explique cómo calcula la Diputación y el Partido Nacionalista Vasco, en concreto, el precio exacto que está cobrando a los ciudadanos, uno de los 'secretos de Estado' mejor guardados de todo Euskalerria», ironizó.
También anunció su intención de interponer un nuevo recurso sobre la legalidad del canon. «No entendemos cómo la Diputación puede tener tres sistemas de cálculo para el mismo peaje. Creemos que hace un uso torticero de la interpretación del Derecho hasta con normas derrogadas para incumplir la sentencia de los tribunales», denunció.
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