a puerta cerrada
El equipo de gobierno convoca a la oposición para intentar aclarar la operación de La Peña
Sustatxa y Areso se movilizan la víspera del pleno que abordará la conversión del IMD en sociedad anónima para dar cuenta de las ampliaciones de presupuesto de los polideportivos
PRIMERA CITA. Reunión de la comissión de comparecencias del pasado 29 de enero. / EL CORREO
La opaca operación urbanística que acabó con la construcción de un parking debajo de lo que inicialmente iba a ser sólo un polideportivo en La Peña vuelve al Ayuntamiento. El órgano de comparecencias se reúne hoy, a partir de las 12.30 horas, para intentar despejar las brumas que dejó sobre la mesa la primera cita de la comisión, celebrada el pasado 29 de enero. Al igual que entonces, los convocantes son Jon Sustatxa e Ibon Areso, responsables respectivamente de las áreas de Deportes y Aparcamientos.
Al alimón, porque el complejo se gestionó durante la pasada legislatura por el Instituto Municipal de Deportes (IMD). Una tramitación atípica en el sistema de concesión de estacionamientos puesto en marcha por el Gabinete de Iñaki Azkuna, y que ha terminado por involucrar a los dos departamentos del equipo de gobierno porque no aparece registro ducumental en los archivos del Consistorio que notifique de quién fue la idea de sumar el parking al polideportivo.
Sobre la marcha y sin licitar el proyecto técnico, que se adjudicó como ampliación de contrato al mismo arquitecto que redactó el plan para levantar la infraestructura deportiva. Sin estudio previo de mercado para evaluar las necesidades de aparcamiento entre los vecinos. Y con un sobrecoste final de la obra que el promotor. la UTE Albatros-Construcciones Olabarri, sufragó parcialmente encareciendo 5.000 euros cada parcela del garaje, del que el Ayuntamiento se propone ahora rescatar 58 plazas -un desembolso de 923.940 euros- para convertirlas en un archivo de expedientes.
Mientras las excavadoras hacían su trabajo, el empresario consiguió sacar adelante una decena de ampliaciones de presupuesto para completar el polideportivo -por importe de 675.000 euros, hasta sobrepasar la oferta más cara de sus competidores-. Y nueve de esas ampliaciones ni siquiera pasaron por el consejo del IMD. Un cúmulo de irregularidades que ha discurrido en paralelo a una cascada de desperfectos en las instalaciones públicas y que hace hablar a sus nuevos responsables, con Sustatxa a la cabeza, de la necesidad de «depurar la gestión» para afrontar la crisis. Su fórmula pasa por convertir el Instituto en sociedad anónima, convencido de que el cambio aumentará la eficacia en el «control de personal, inversiones y obras».
Tres documentos
Tan persuadido está de la urgencia de esta alternativa que, aun con el rechazo frontal de la oposición, la llevará mañana mismo al pleno municipal. La víspera, en el seno de la comisión de comparecencias, dará cuenta de los tres expedientes recabados para intentar dotar de contenido a la expresión «no lo sé» que recibieron los representantes del Partido Popular y el PSE hace un mes, cada vez que señalaban los elementos que les hacían dudar de la limpieza de toda la operación.
Aquél día, la oposición salió como entró, criticando la «falta de transparencia» de la dupla PNV-EB. Para recuperarla, el concejal Sustatxa pidió detalles por escrito a los constructores y arquitectos de los polideportivos donde se han detectado desviaciones presupuestarias sin control. Incluido el de Zorroza, donde EL CORREO desveló que el promotor cobró 17.477 euros de las arcas municipales por dos robos cuyo coste asumió sin corresponderle el IMD, que ya ha anunciado su intención de reclamar su devolución.
El tercer informe que hoy conocerán Antonio Basagoiti y Txema Oleaga es un diagnóstico de legalidad de los precios contradictorios encargado al servicio jurídico del propio IMD.
Al alimón, porque el complejo se gestionó durante la pasada legislatura por el Instituto Municipal de Deportes (IMD). Una tramitación atípica en el sistema de concesión de estacionamientos puesto en marcha por el Gabinete de Iñaki Azkuna, y que ha terminado por involucrar a los dos departamentos del equipo de gobierno porque no aparece registro ducumental en los archivos del Consistorio que notifique de quién fue la idea de sumar el parking al polideportivo.
Sobre la marcha y sin licitar el proyecto técnico, que se adjudicó como ampliación de contrato al mismo arquitecto que redactó el plan para levantar la infraestructura deportiva. Sin estudio previo de mercado para evaluar las necesidades de aparcamiento entre los vecinos. Y con un sobrecoste final de la obra que el promotor. la UTE Albatros-Construcciones Olabarri, sufragó parcialmente encareciendo 5.000 euros cada parcela del garaje, del que el Ayuntamiento se propone ahora rescatar 58 plazas -un desembolso de 923.940 euros- para convertirlas en un archivo de expedientes.
Mientras las excavadoras hacían su trabajo, el empresario consiguió sacar adelante una decena de ampliaciones de presupuesto para completar el polideportivo -por importe de 675.000 euros, hasta sobrepasar la oferta más cara de sus competidores-. Y nueve de esas ampliaciones ni siquiera pasaron por el consejo del IMD. Un cúmulo de irregularidades que ha discurrido en paralelo a una cascada de desperfectos en las instalaciones públicas y que hace hablar a sus nuevos responsables, con Sustatxa a la cabeza, de la necesidad de «depurar la gestión» para afrontar la crisis. Su fórmula pasa por convertir el Instituto en sociedad anónima, convencido de que el cambio aumentará la eficacia en el «control de personal, inversiones y obras».
Tres documentos
Tan persuadido está de la urgencia de esta alternativa que, aun con el rechazo frontal de la oposición, la llevará mañana mismo al pleno municipal. La víspera, en el seno de la comisión de comparecencias, dará cuenta de los tres expedientes recabados para intentar dotar de contenido a la expresión «no lo sé» que recibieron los representantes del Partido Popular y el PSE hace un mes, cada vez que señalaban los elementos que les hacían dudar de la limpieza de toda la operación.
Aquél día, la oposición salió como entró, criticando la «falta de transparencia» de la dupla PNV-EB. Para recuperarla, el concejal Sustatxa pidió detalles por escrito a los constructores y arquitectos de los polideportivos donde se han detectado desviaciones presupuestarias sin control. Incluido el de Zorroza, donde EL CORREO desveló que el promotor cobró 17.477 euros de las arcas municipales por dos robos cuyo coste asumió sin corresponderle el IMD, que ya ha anunciado su intención de reclamar su devolución.
El tercer informe que hoy conocerán Antonio Basagoiti y Txema Oleaga es un diagnóstico de legalidad de los precios contradictorios encargado al servicio jurídico del propio IMD.
