
El canon es un impuesto que grava dispositivos electrónicos capaces de copiar bienes culturales. Su objetivo es compensar el derecho de copia privada por el que un ciudadano puede duplicar un bien cultural (como una canción o una película) para uso privado y sin que exista ánimo de lucro. El impuesto se adhiere directamente al precio del soporte. O sea, que el ciudadano lo paga y la empresa que recibe el dinero se lo pasa a entidades privadas de gestión de derechos de autor. Ahora empiezan los peros. La gestión que se hace de este dinero es cualquier cosa menos transparente. Tampoco nos ponemos de acuerdo en la cuantía. Para el Ministerio de Cultura, los autores y las entidades de gestión es escasa y para los ciudadanos, el Ministerio de Industria y la patronal es una burrada. En España pagamos 17 céntimos de canon por cada CD, 44 por cada DVD, 1,50 euros por cada móvil, 3,15 por cada MP3 ó 12 euros por un disco duro externo. No sigo, que la lista es muy larga. Juzguen ustedes mismos. La industria tecnológica se queja de que el canon supone un freno a su desarrollo y, desde Bruselas, la UE no sabe muy bien qué hacer con un impuesto que cada país gestiona a su manera y que está empezando a generar vicios en el mercado interno europeo.
El pasado mes de diciembre, el Congreso aprobó la reforma al polémico impuesto que permitía su ampliación a dispositivos como reproductores de MP3, memorias USB, móviles o discos duros. La reforma se aprobó, finalmente, gracias a los votos de PSOE, CIU, IU y la Chunta Aragonesista. PP, ICV, Los Verdes y Coalición Canaria votaron en contra y ERC, PNV y BNG se abstuvieron. Desde entonces, el PP está aprovechando el canon para zumbarle al PSOE. Donde dije digo...
Ahora, llegan las elecciones y resulta que la tasa ya no gusta ni a los mismos que la aprobaron en el congreso. Unos y otros prometen, con más o menos vehemencia, quitar o revisar el impuesto. Eso sí, ninguno (salvo, quizá IU) es capaz de explicar, de manera clara, qué alternativa ofrece. Mucho cuidado aquí. Una posible solución para compensar la muerte del canon puede significar también matar el derecho a la copia privada. Los dos partidos mayoritarios abogan por crear una especie de agencia estatal de defensa de la propiedad intelectual. Y eso suena más a «mano dura» que a consenso entre autor y consumidor.








