La prueba testifical fue solicitada por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, ejercida por Ezker Batua y el PNV, tras la declaración, el pasado 22 de febrero, de la actual directora-gerente de la Agencia Municipal de Renovación Urbana. Ese día, Ana Aguirre negó rotundamente que la sociedad pública hubiese fijado los precios de los polémicos chalés bioclimáticos.
De ese modo, contradecía lo alegado por el único imputado en la causa, el director de Urbanismo en el último gobierno municipal del PP, Antón Sáenz de Santa María. El fiscal jefe de la Audiencia de Vitoria presentó una denuncia contra él por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, a los que la jueza añadió luego el de cohecho. En su declaración en el juzgado, Sáenz de Santa María manifestó, a través de su abogado, que fue la Agencia de Renovación Urbana, y no el Ayuntamiento el que estableció el coste definitivo de las viviendas.
Sin embargo, Ana Aguirre declaró que fue Ibarrondo, entonces concejal y presidente de la sociedad municipal, el que le dijo que Urbanismo permitió a la constructora Opacua cobrar por los chalés un plus por tratarse de edificios bioclimáticos. Ante esta revelación, tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal pidieron la comparecencia del ex edil popular, que ayer fue admitida por la juez.
Funciones de la agencia
Por su parte, el abogado defensor de Sáenz de Santa María también ha movido ficha por lo que considera una contradicción en la declaración de Aguirre. En este aspecto, el letrado recuerda que la actual gerente señaló que la agencia sólo se dedica a los sorteos de las viviendas, para luego añadir, y «aquí vendría la contradicción», que el precio de venta de los chalés se fijó en 315.000 euros en el consejo de administración de la entidad. Para esclarecer el asunto, el abogado ha aportado información con el fin de acreditar las funciones y competencias de la Agencia Municipal de Renovación Urbana.









