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Las entrañas del primer crematorio de Bilbao
El horno de la Plaza del Gas minimizará su impacto ambiental con un filtro «inédito en Euskadi»

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Quemará alrededor de 1.200 cadáveres al año. Funcionará entre nueve y doce horas al día, siempre en horario diurno. De lunes a domingo. Es el futuro crematorio de la Plaza del Gas, el primero que abrirá sus puertas en Bilbao, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) le diera por dos veces la razón a Funeraria Bilbaína en la batalla legal que ha mantenido con el Ayuntamiento en los últimos años. EL CORREO se ha reunido con el responsable de su diseño para conocer los entresijos y el tipo de contaminantes que lanzará a la atmósfera. «Será el primero de Euskadi en incorporar un filtro especial que reduce las emisiones de una manera muy notable», avanza el ingeniero, que prefiere mantenerse en el anonimato porque, «en este tipo de asuntos, la sensibilidad social está a flor de piel».

El horno se construirá en la planta baja del actual tanatorio, junto a la capilla, en la parte del edificio que mira al Parque Etxebarría. Sus dimensiones son relativamente pequeñas. Se trata de una caja de cuatro metros de largo y tres de alto, por metro y medio de ancho. Su chimenea saldrá al exterior hasta alcanzar la altura de doce metros.

Su capacidad de incineración es de cuatro cuerpos por jornada. «La combustión de cada cadáver lleva unas tres horas», explica su diseñador. El proceso comienza después de que el féretro abandona la zona de la capilla y entra por una compuerta a una pequeña sala. Allí, un empleado retira el cristal y aquellos adornos florales o metálicos que puedan desprenderse del ataúd. El objetivo es minimizar el impacto ecológico. «Lo ideal es quemar sólo la madera y el cadáver», precisa el experto. Por eso, con anterioridad, un forense se encarga, con el permiso de la familia, de retirar algunos implantes -prótesis metálicas, especialmente- y marcapasos, que suelen explotar si se lanzan directamente al fuego.

El féretro entra en la cámara principal, que está recubierta de una doble pared de ladrillos. Los de la primera línea son del tipo refractario, capaces de aguantar las altas temperaturas -hasta 850 grados centígrados- que se alcanzan en sus entrañas. Los de la segunda, aislantes para que el calor no se disperse.

300.000 euros

Una vez en el interior, se activan dos quemadores, que emplean gas natural. La ceniza del ataúd es lo primero que se volatiliza, pasando a una cámara superior. Son las partículas inquemadas. Aquí comienza una segunda fase para tratar de pulverizar los restos. Por su parte, en el habitáculo principal quedan las cenizas del difunto. «Al ser más pesadas, permanecen en el fondo», explica el especialista. Esto posibilita que un brazo mecánico, conocido como 'cremulador', las agrupe y recoja para devolverlas a la familia. La cámara queda limpia.

Entretanto, el proceso continúa en los dos habitáculos superiores, donde existen una serie de angostos pasillos. Las partículas van chocando contra las paredes y caen al suelo. Es la decantación. Un nuevo quemador las pulveriza de forma definitiva. Al exterior, a través de la chimenea, se lanza un humo compuesto por oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloro y flúor, entre otras sustancias. «En muchos aspectos contaminaremos menos que un autobús urbano», sostienen desde Funeraria Bilbaína.

El filtro especial que se prevé instalar en el crematorio de la Plaza del Gas -una decisión que sólo está pendiente de ser ratificada por la Junta General de Accionistas de la funeraria- reducirá «sensiblemente» las emisiones. «No es obligatorio y cuesta unos 300.000 euros. En España hay muy pocos en funcionamiento», explica el diseñador del horno. «Con esta membrana lograremos reducir las dioxinas a 0,1 nanogramos por metro cúbico», añade. Este residuo, junto a los furanos y el vapor de mercurio, son los que más preocupan a los vecinos. «Son de alta toxicidad», advierten.

La competencia para auditar las emisiones recae en el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Además, cada tres años, una empresa homologada por la Administración realiza un control detallado para evitar que se superen los valores máximos permitidos. Este tipo de exámenes no suelen incluir una medición de las dioxinas.
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