reconsideración
El Poder Judicial pide abrir un debate sobre la cadena perpetua
La propuesta de considerar la «peligrosidad social» de los delincuentes al imponer las penas suscita discrepancias entre los jueces
TRASLADO. Del Valle, en Cuenca antes de ser conducido a la Audiencia Provincial de Huelva. / EFE
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, consideró ayer necesario abrir un debate en España sobre la posibilidad de imponer la cadena perpetua a los condenados que presenten una alta «peligrosidad social» para evitar así «reinciden- cias» como la detectada en el acusado del crimen de la pequeña Mari Luz Cortés en Huelva, sobre el que pesan dos condenas y al menos otra acusación por abuso de menores.
López, encuadrado en el sector conservador de la judicatura, manifestó ayer tras conocerse las circunstancias judiciales del acusado por el asesinato de la niña onubense que «ha llegado el momento de empezar a plantearse» conceptos como el de la «peligrosidad social» de los condenados a la hora de tomar medidas «postdelictuales» que ayuden a evitar reincidencias. A su juicio, es necesario abrir el debate acerca de la cadena perpetua, una figura que en su opinión «es perfectamente constitucional siempre que se establezca un juicio de revisión». «Lo único que pediría -agregó López-, es que se abra el debate y reflexionar con seriedad, no sólo puntualmente».
El portavoz de los jueces halló un aliado en el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda. «No le falta razón en absoluto», dijo, en referencia a las declaraciones de López. Canalda consideró que apostar por la cadena perpetua «no es descabellado» en cuestiones como la pederastia o el terrorismo, áreas en las que se produce, a su juicio, una reiteración sistemática en el delito.
Tanto el portavoz de los magistrados como el defensor del menor madrileño admitieron, no obstante, que el debate acerca de la cadena perpetua es una discusión que «abre las carnes a los juristas» y que se encuentra con amplios sectores sociales en contra. «Hay que medir no sólo la culpabilidad, sino también el grado de peligrosidad de un delincuente a la hora de reincidir. Y hasta que esto no lo asumamos sin ningún tipo de tapujos ni ataduras no estaremos acertando», indicó sin embargo López. A su juicio, este debate se ha producido en otros países europeos pero no en España, que «está lastrada por la dictadura».
Las discrepancias existentes en el cuerpo judicial respecto a este asunto se manifestaron ayer sin ninguna dilación, con opiniones divergentes desde el mismo Consejo General del Poder Judicial. Uno de los vocales del organismo, Félix Pantoja, discrepó «radicalmente» de la postura de su colega y afirmó que las medidas «postdelictuales» aludidas por López «no caben en modo alguno» en el ordenamiento constitucional y «están muy al borde del Estado de Derecho».
«Es inconstitucional»
«Todo lo que sea legislar penalmente bajo la emoción de un hecho -como la muerte de Mari Luz- es un problema», agregó Pantoja. El magistrado recordó que la cadena perpetua es «incompatible» con el artículo 25 de la Constitución, que «dice que el objetivo de la pena es la reinserción social». La condena de por vida, por tanto, «no cabe en modo alguno», y para aplicarla, «habría que modificar la Constitución».
Otros juristas y expertos en diversos ámbitos relacionados con la psiquiatría propugnaron ayer, por su parte, el establecimiento de medidas de vigilancia para controlar a los pederastas que ya han cumplido condena, con el fin de evitar que reincidan en el delito. Victoria Trabazo, del Centro de Psiquiatría y Psicología Clínica y Jurídica, se manifestó en este sentido, reclamando un «estricto control» de los pederastas y seguimiento «exhaustivo» por parte de los jueces.
El ex defensor del menor Javier Urra abogó igualmente por la vigilancia penitenciaria, con localizadores personales y terapias obligatorias para este tipo de individuos. Mientras, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, se mostró partidario de arbitrar medidas de control periódicas, pero «sólo en situaciones de especial riesgo de reincidencia y no de forma continuada».
López, encuadrado en el sector conservador de la judicatura, manifestó ayer tras conocerse las circunstancias judiciales del acusado por el asesinato de la niña onubense que «ha llegado el momento de empezar a plantearse» conceptos como el de la «peligrosidad social» de los condenados a la hora de tomar medidas «postdelictuales» que ayuden a evitar reincidencias. A su juicio, es necesario abrir el debate acerca de la cadena perpetua, una figura que en su opinión «es perfectamente constitucional siempre que se establezca un juicio de revisión». «Lo único que pediría -agregó López-, es que se abra el debate y reflexionar con seriedad, no sólo puntualmente».
El portavoz de los jueces halló un aliado en el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda. «No le falta razón en absoluto», dijo, en referencia a las declaraciones de López. Canalda consideró que apostar por la cadena perpetua «no es descabellado» en cuestiones como la pederastia o el terrorismo, áreas en las que se produce, a su juicio, una reiteración sistemática en el delito.
Tanto el portavoz de los magistrados como el defensor del menor madrileño admitieron, no obstante, que el debate acerca de la cadena perpetua es una discusión que «abre las carnes a los juristas» y que se encuentra con amplios sectores sociales en contra. «Hay que medir no sólo la culpabilidad, sino también el grado de peligrosidad de un delincuente a la hora de reincidir. Y hasta que esto no lo asumamos sin ningún tipo de tapujos ni ataduras no estaremos acertando», indicó sin embargo López. A su juicio, este debate se ha producido en otros países europeos pero no en España, que «está lastrada por la dictadura».
Las discrepancias existentes en el cuerpo judicial respecto a este asunto se manifestaron ayer sin ninguna dilación, con opiniones divergentes desde el mismo Consejo General del Poder Judicial. Uno de los vocales del organismo, Félix Pantoja, discrepó «radicalmente» de la postura de su colega y afirmó que las medidas «postdelictuales» aludidas por López «no caben en modo alguno» en el ordenamiento constitucional y «están muy al borde del Estado de Derecho».
«Es inconstitucional»
«Todo lo que sea legislar penalmente bajo la emoción de un hecho -como la muerte de Mari Luz- es un problema», agregó Pantoja. El magistrado recordó que la cadena perpetua es «incompatible» con el artículo 25 de la Constitución, que «dice que el objetivo de la pena es la reinserción social». La condena de por vida, por tanto, «no cabe en modo alguno», y para aplicarla, «habría que modificar la Constitución».
Otros juristas y expertos en diversos ámbitos relacionados con la psiquiatría propugnaron ayer, por su parte, el establecimiento de medidas de vigilancia para controlar a los pederastas que ya han cumplido condena, con el fin de evitar que reincidan en el delito. Victoria Trabazo, del Centro de Psiquiatría y Psicología Clínica y Jurídica, se manifestó en este sentido, reclamando un «estricto control» de los pederastas y seguimiento «exhaustivo» por parte de los jueces.
El ex defensor del menor Javier Urra abogó igualmente por la vigilancia penitenciaria, con localizadores personales y terapias obligatorias para este tipo de individuos. Mientras, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, se mostró partidario de arbitrar medidas de control periódicas, pero «sólo en situaciones de especial riesgo de reincidencia y no de forma continuada».
