hacienda guipuzcoana
La juez del fraude de Irún eleva a 933.000 euros la fianza de Bravo
La jueza del caso de la Hacienda de Irún ha elevado hasta los 933.000 euros la fianza de responsabilidad civil impuesta a José María Bravo, ex director de la oficina tributaria de la localidad guipuzcoana y principal imputado en el presunto fraude, informaron a Efe fuentes jurídicas.
Según estos medios, la ampliación de la fianza de Bravo, en prisión desde julio, está motivada por la incorporación al sumario de doce nuevos expedientes en los que existen indicios de delito y que la Hacienda de Guipúzcoa entregó el pasado 13 de marzo al juzgado de Instrucción número 2 de Irún que investiga el caso.
Según los cálculos de la Diputación, la cantidad defraudada a la Hacienda foral supera los ocho millones que dejaron de ser ingresados en sus arcas, 1,6 de los cuales habrían ido a parar a una trama que supuestamente encabezaba Bravo, después de haber reducido deudas a contribuyentes morosos.
Las fuentes consultadas explicaron asimismo que la jueza ha comunicado ya a las partes su intención de que próximamente sea un perito el que cuantifique con total exactitud el alcance del presunto fraude.
La magistrada que investiga lo ocurrido tomó ayer declaración a tres nuevos testigos: un funcionario de la oficina de Hacienda de Irún, una trabajadora de una gestoría y el abogado de una persona que saldó sus deudas tributarias a través de Bravo.
El empleado de Hacienda reconoció que, en ocasiones, Bravo le mandaba que preparara recibos de las cantidades que recibía y afirmó que no tenía por qué cuestionar sus órdenes. La empleada de la gestoría admitió que le encargaron que llevara dinero en metálico a la Hacienda de Irún que solía entregar al acusado, aunque si no estaba se lo daba a otro trabajador. Agregó que se limitó a cumplir las órdenes recibidas y recalcó que nunca supo ni participó en ninguna negociación para rebajar deudas. Finalmente, el abogado explicó que su cliente no recibió ninguna rebaja de su deuda, aunque sí un aplazamiento de ella.
Según estos medios, la ampliación de la fianza de Bravo, en prisión desde julio, está motivada por la incorporación al sumario de doce nuevos expedientes en los que existen indicios de delito y que la Hacienda de Guipúzcoa entregó el pasado 13 de marzo al juzgado de Instrucción número 2 de Irún que investiga el caso.
Según los cálculos de la Diputación, la cantidad defraudada a la Hacienda foral supera los ocho millones que dejaron de ser ingresados en sus arcas, 1,6 de los cuales habrían ido a parar a una trama que supuestamente encabezaba Bravo, después de haber reducido deudas a contribuyentes morosos.
Las fuentes consultadas explicaron asimismo que la jueza ha comunicado ya a las partes su intención de que próximamente sea un perito el que cuantifique con total exactitud el alcance del presunto fraude.
La magistrada que investiga lo ocurrido tomó ayer declaración a tres nuevos testigos: un funcionario de la oficina de Hacienda de Irún, una trabajadora de una gestoría y el abogado de una persona que saldó sus deudas tributarias a través de Bravo.
El empleado de Hacienda reconoció que, en ocasiones, Bravo le mandaba que preparara recibos de las cantidades que recibía y afirmó que no tenía por qué cuestionar sus órdenes. La empleada de la gestoría admitió que le encargaron que llevara dinero en metálico a la Hacienda de Irún que solía entregar al acusado, aunque si no estaba se lo daba a otro trabajador. Agregó que se limitó a cumplir las órdenes recibidas y recalcó que nunca supo ni participó en ninguna negociación para rebajar deudas. Finalmente, el abogado explicó que su cliente no recibió ninguna rebaja de su deuda, aunque sí un aplazamiento de ella.
