«Se otorga el indulto a los seis franceses miembros del Arca de Zoé», indicaba el decreto firmado por el presidente chadiano. En París, el Ministerio de Justicia -los condenados cumplían su pena en el país galo tras la intervención del Elíseo- informó ayer, por su parte, de que había recibido oficialmente el decreto de Deby.
Pocas horas después de hacerse oficial el indulto, cinco de los seis miembros recluidos en la cárcel recobraron la libertad. La enfermera Nadia Merimi no pudo beneficiarse plenamente de esta medida de gracia por encontrarse hospitalizada por agotamiento desde su llegada a Francia, según fuentes próximas a la ONG.
El ministro de Exteriores galo, Bernard Kouchner, indicó que «entiende el alivio» de los encarcelados y de sus allegados, pero añadió que «esta triste aventura no debe empañar la imagen de la acción humanitaria».
Los seis cooperantes habían sido arrestados el pasado octubre en Abeché, al este de Chad, cuando se disponían a llevarse a 103 niños africanos a Francia, donde les aguardaban familias de «acogida». Los menores en su abrumadora mayoría no eran huérfanos ni procedían de la conflictiva provincia sudanesa de Darfur, como decían los miembros de la ONG, sino que eran chadianos y tenían familia.
Tripulación española
También fueron arrestados periodistas franceses, un piloto belga y los tripulantes españoles del avión que habían fletado, antes de ser liberados de forma escalonada tras la intervención del presiente galo, Nicolas Sarkozy. Los seis cooperantes, por su parte, fueron trasladados a Francia y encarcelados allí a finales de diciembre pasado, tras su condena a ocho años de trabajos forzados dictada por el tribunal de Yamena.
Pero aunque el indulto decretado por Deby les permite recobrar la libertad, sus problemas no han terminado. La justicia francesa ha procesado por diversos cargos a Breteau, su compañera Emilie Lelouch y otros dos miembros del grupo, dentro de la investigación abierta en suelo galo en otoño por estafa, ejercicio ilegal de la actividad de intermediaria con vistas a adopciones, y ayuda a la entrada irregular de menores extranjeros en Francia.
Breteau, que está imputado por estos tres cargos, no podrá abandonar territorio galo ni reunirse con los otros cooperantes, según el control judicial dictado por los magistrados.







