VIZCAYA
La Policía extiende su investigación a las actas de 2004
La Guardia Civil denuncia a cuatro funcionarios por desobediencia
01.04.08 -
EN OBRAS. Castro ha experimentado un auge inmobiliario en los últimos años. / FERNANDO GÓMEZ
El Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales no quiere dejar ningún cabo suelto en las investigaciones abiertas por un presunto delito de prevaricación en la contratación de las obras de reforma del túnel de Mioño contra los políticos que la pasada legislatura dirigían el Ayuntamiento cántabro. Por este motivo, ha encargado a la Guardia Civil requisar todas las actas de las juntas de gobierno y de los plenos celebrados en la institución local desde 2004. Los agentes del departamento de la Policía Judicial ejecutaron ayer la orden y se llevaron otras siete carpetas con diversos documentos. Según ha podido saber este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) tramitará la denuncia contra los siete concejales imputados -entre los que se encuentra el actual alcalde, Fernando Muguruza- por el sistema de procedimiento abreviado, lo que significa que en tres o cuatro semanas estarán recabadas todas las pruebas para que el juez pueda fijar la fecha del juicio.
La tercera visita en apenas seis días de la Guardia Civil al Consistorio cántabro para obtener información sobre expedientes urbanísticos se efectuó ayer a las 10.30 horas. Dos agentes exigieron las actas de los plenos y de las juntas de gobierno desde hace cuatro años. Como todas no estaban en el edificio consistorial, el secretario municipal acompañó a los guardias al archivo, que se encuentra en otro inmueble cercano.
«A dedo»
Prácticamente al mismo tiempo que se requisaban estos documentos, cuatro miembros del Ayuntamiento recibían las denuncias por desobediencia a la autoridad interpuestas por la propia Guardia Civil. El secretario, el gerente de Urbanismo, la ingeniera municipal y el concejal de Deportes, Agapito Pastor, mostraron sus dudas sobre la inspección del jueves y exigieron a los policías la correspondiente orden judicial, lo que obligó a suspender el operativo hasta disponer de esta resolución.
El juzgado de instrucción castreño investiga si hubo una adjudicación «a dedo» en el proyecto para reformar el túnel de la pedanía de Mioño, presupuestado en 58.765 euros. Los datos obtenidos, sin embargo, podrían determinar también si el anterior equipo de Gobierno incurrió en «delitos contra la Administración pública», al menos, en otros 11 proyectos urbanísticos.
La tercera visita en apenas seis días de la Guardia Civil al Consistorio cántabro para obtener información sobre expedientes urbanísticos se efectuó ayer a las 10.30 horas. Dos agentes exigieron las actas de los plenos y de las juntas de gobierno desde hace cuatro años. Como todas no estaban en el edificio consistorial, el secretario municipal acompañó a los guardias al archivo, que se encuentra en otro inmueble cercano.
«A dedo»
Prácticamente al mismo tiempo que se requisaban estos documentos, cuatro miembros del Ayuntamiento recibían las denuncias por desobediencia a la autoridad interpuestas por la propia Guardia Civil. El secretario, el gerente de Urbanismo, la ingeniera municipal y el concejal de Deportes, Agapito Pastor, mostraron sus dudas sobre la inspección del jueves y exigieron a los policías la correspondiente orden judicial, lo que obligó a suspender el operativo hasta disponer de esta resolución.
El juzgado de instrucción castreño investiga si hubo una adjudicación «a dedo» en el proyecto para reformar el túnel de la pedanía de Mioño, presupuestado en 58.765 euros. Los datos obtenidos, sin embargo, podrían determinar también si el anterior equipo de Gobierno incurrió en «delitos contra la Administración pública», al menos, en otros 11 proyectos urbanísticos.
