ÁLAVA
La Policía confirma con sus pasaportes que los jóvenes del centro de la Cruz Roja son menores
La Diputación remitió a la Subdelegación del Gobierno central la documentación de siete de los quince chicos sobre los que había dudas
EL PROCESO
La Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía de Vitoria ya ha concluido el informe sobre la veracidad de la documentación de los jóvenes residentes en el centro de la Cruz Roja y el resultado ha corroborado las tesis de los chavales al indicar que los pasaportes son legales y, por tanto, son menores de edad. Pese a que las dudas de la Diputación se cernían sobre quince jóvenes, sólo se remitió a la Subdelegación del Gobierno central la documentación de siete porque el resto cumple 18 años antes de junio, según avanzó ayer a EL CORREO la subdelegada, Gloria Sánchez.
Pese a que las investigaciones se han desarrollado a lo largo de todo marzo, el informe ha concluido esta semana. Y en ninguno de los siete casos se han encontrado signos de falsificación, de modo que estos jóvenes seguirán siendo considerados ante la ley menores de edad. «Se han realizado pruebas de tinta, de comprobación de sellos, del papel o se ha cotejado con los países de origen, y el resultado, en todos los casos, ha sido claro», apostilló Sánchez.
Hay que recordar que en febrero la Diputación solicitó la ayuda de la Subdelegación y de la Fiscalía de Menores dado que en los últimos meses la llegada de menores inmigrantes al territorio procedentes de otros puntos de la Península -sobre todo de Canarias- había provocado la «saturación» del también conocido como centro Zabaltzen.
Pese a disponer de documentación, todos estos jóvenes son sometidos a la prueba ósea, que dictamina con un margen de error de un año la edad del chico. Pues bien, hasta en quince casos revelaba que los 'menores' tenían más de 18 años -«en algunos casos hasta 21»-. Con el propósito de «evitar fraudes», la Diputación trasladó la documentación a la Policía para que cotejase posibles irregularidades. Aunque el resultado ha dado negativo, el Gabinete Agirre ya había advertido de que «no iba a expulsar a ningún chico del centro».
Actuación conjunta
Ahora, los jóvenes cuentan con el respaldo legal para poder usar los recursos de los que disponen las instituciones públicas, en especial la Diputación. Y es que la documentación prima sobre la prueba ósea a la hora de atribuir la edad a un joven. Sólo en el caso de que careciera de pasaporte, se tendría en cuenta la prueba ósea.
Con este primer informe, la Subdelegación ha iniciado una nueva etapa de colaboración con el Departamento de Política Social para trazar un protocolo de actuación para evitar fraudes o detectar redes de falsificación. De momento, la alternativa más factible con la que cuenta la Diputación para acabar con la «saturación» de Zabaltzen pasa por la construcción de un nuevo complejo que se abrirá en Vitoria este verano.
Pese a que las investigaciones se han desarrollado a lo largo de todo marzo, el informe ha concluido esta semana. Y en ninguno de los siete casos se han encontrado signos de falsificación, de modo que estos jóvenes seguirán siendo considerados ante la ley menores de edad. «Se han realizado pruebas de tinta, de comprobación de sellos, del papel o se ha cotejado con los países de origen, y el resultado, en todos los casos, ha sido claro», apostilló Sánchez.
Hay que recordar que en febrero la Diputación solicitó la ayuda de la Subdelegación y de la Fiscalía de Menores dado que en los últimos meses la llegada de menores inmigrantes al territorio procedentes de otros puntos de la Península -sobre todo de Canarias- había provocado la «saturación» del también conocido como centro Zabaltzen.
Pese a disponer de documentación, todos estos jóvenes son sometidos a la prueba ósea, que dictamina con un margen de error de un año la edad del chico. Pues bien, hasta en quince casos revelaba que los 'menores' tenían más de 18 años -«en algunos casos hasta 21»-. Con el propósito de «evitar fraudes», la Diputación trasladó la documentación a la Policía para que cotejase posibles irregularidades. Aunque el resultado ha dado negativo, el Gabinete Agirre ya había advertido de que «no iba a expulsar a ningún chico del centro».
Actuación conjunta
Ahora, los jóvenes cuentan con el respaldo legal para poder usar los recursos de los que disponen las instituciones públicas, en especial la Diputación. Y es que la documentación prima sobre la prueba ósea a la hora de atribuir la edad a un joven. Sólo en el caso de que careciera de pasaporte, se tendría en cuenta la prueba ósea.
Con este primer informe, la Subdelegación ha iniciado una nueva etapa de colaboración con el Departamento de Política Social para trazar un protocolo de actuación para evitar fraudes o detectar redes de falsificación. De momento, la alternativa más factible con la que cuenta la Diputación para acabar con la «saturación» de Zabaltzen pasa por la construcción de un nuevo complejo que se abrirá en Vitoria este verano.
