El texto, dotado con 6,4 millones, prevé desarrollar 90 iniciativas. Aunque su principal objetivo es la «deslegitimación radical del terrorismo», se trata de un plan integral y aborda también otros tipos de violencia, como «la tortura, la xenofobia, el acoso escolar o la violencia contra la mujer». Azkarraga y los representantes del tripartito insistieron en que es la iniciativa más avanzada en esta materia «de nuestro entorno» y que cuenta con el beneplácito del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Consejo de Europa y la Unesco.
El consejero reprochó la postura «ilegítima» de socialistas y populares de «usar el caso de Mondragón para no hablar del contenido del plan, porque lo utilizan como escape y eso es poco elegante. Ponen en duda la voluntad democrática del tripartito para deslegitimar el terrorismo y eso no se debe de hacer».
Especialmente duro fue el parlamentario de EA Rafa Larreina, quien dijo no aceptar lecciones de «coherencia» y compromiso antiterrorista de dos partidos que han utilizado medidas como la política penitenciaria o la negociación con ETA «en función de las coyunturas». Larreina también citó otras bandas terroristas que han existido «en los últimos 30 años», como el BVE y los GAL.







