ÁLAVA
El juez obliga a Opacua a limitar el precio de los apartamentos tutelados de Etxezarra
Sentencia que el coste de los pisos debe ser el que la empresa fijó «en la oferta» que presentó al Ayuntamiento, y que ratificó después en una nota
04.04.08 -
EN OBRAS. Imagen de la parcela de la calle Castilla en la que Opacua construye los apartamentos tutelados junto a la casa Etxezarra. / I. AIZPURU
LA POLÉMICA
Asunto zanjado. La agencia que comercializa los 42 apartamentos tutelados promovidos por la constructora Opacua junto a la vieja casa Etxezarra, en el número 54 de la calle Castilla, deberá limitar su precio y no podrá venderlos más caros de lo pactado con el Ayuntamiento de Vitoria. El Juzgado de Primera Instancia número 5 acaba de dar la razón al Consistorio en una contundente sentencia que hoy adelanta EL CORREO. A lo largo de diez folios, el juez sostiene que la firma presentó en 2006 unas cifras «claras y precisas» cuando pujó en el concurso municipal por la parcela, así que elevarlas al alza sería «contrario» a la ley. «El precio es el que es y así lo reconoce la empresa. Por eso debe pechar con las consecuencias», zanja el magistrado. Fuentes municipales calculan que la aplicación de la sentencia recortará «en más de 2 millones» los 5 millones de beneficio que la firma iba a obtener con la edificación de esos polémicos apartamentos en la 'casa de Napoleón'.
El fallo judicial llega cinco meses después de que este periódico desvelara que Opacua pedía por uno de esos pisos para mayores de 60 años -a través de la comercializadora Fincas Urízar- hasta 249.417 euros, «con un 7% de IVA incluido», lo que provocó una tormenta política en el Ayuntamiento. A comienzos de 2006, cuando la constructora pujó por la parcela, comunicó al Ayuntamiento que vendería las casas a un precio «redondeado», que oscilaría entre los 163.178 y los 195.003 euros, es decir a un coste sensiblemente inferior al que luego pedía en octubre.
El precio de estos apartamentos ya fue objeto de polémica en abril de 2007, cuando también este diario dio a conocer los millonarios beneficios que Opacua iba a obtener con la promoción, autorizada en solitario por el anterior Gobierno del PP con el rechazo de toda la oposición. Entonces, los populares exigieron y lograron que la constructora firmara un documento en el que se comprometía a vender los pisos a los precios fijados «en la oferta» que presentó al Ayuntamiento. No quedó claro si la cantidad incluía o no el IVA.
Confrontación
En octubre, después de que las cifras reales de venta salieran a la luz, populares, nacionalistas de PNV y EA, y EB exigieron en bloque a Lazcoz que denunciara a la constructora. Toda la oposición dio por hecho que Opacua -la misma firma envuelta en la polémica de los chalés bioclimáticos de Ibaiondo que ahora investiga una juez a instancias de la Fiscalía- «había incumplido sus compromisos» con el Consistorio y tenía por tanto que rebajar los pisos de Etxezarra.
El alcalde, Patxi Lazcoz, reaccionó de inmediato y llevó el caso ante el juez para evitar que se consumara lo que calificó como «un pelotazo inmobiliario». No sólo eso. El regidor socialista llegó a plantearse vetar a Opacua en los futuros concursos del Consistorio, como le exigieron PP y PNV. Al final descartó la idea porque no había «ninguna posibilidad legal» de llevarla a cabo.
Por su parte, la constructora siempre ha manifestado que podía vender los pisos de la calle Castilla a costes «de mercado». Y lo creía así porque ni el concurso público de enajenación de la parcela, ni el escrito de adjudicación de la misma ni el documento público de compraventa fijaban una limitación en el precio de los apartamentos. La firma insistía en que las cifras que envió al Ayuntamiento «eran orientativas y no vinculantes». Es decir, que se trata «de una promoción libre».
La sentencia, firmada el 31 de marzo, y que puede ser recurrida, tumba estas apreciaciones de Opacua. El magistrado falla que fue la propia empresa la que fijó lo que debían valer los pisos «y no el Ayuntamiento», por lo que llega a calificar de «incomprensible» su postura. Además, remarca que esa horquilla de costes es «esencial» porque «fue puntuaba en el concurso».
En este sentido, el juez zanja que los precios presentados por Opacua al pujar por la parcela «son definitivos». Y además valora la posterior nota que la empresa firmó en abril de 2007 a exigencias del PP, cuando se comprometió a limitar el coste de venta. Ese documento tiene «plenos efectos probatorios», constata el ponente de la sentencia.
El magistrado refuerza su postura con otra consideración. El coste de esos pisos, apunta, «nunca puede ser libre» porque son tutelados y están dirigidos «a un segmento poblacional concreto», el de los mayores de 60 años. Con todo, falla que el precio de venta de los apartamentos tutelados de Etxezarra deberá ser «el propuesto por Opacua en la oferta que presentó al concurso».
i.cueto@diario-elcorreo.com
El fallo judicial llega cinco meses después de que este periódico desvelara que Opacua pedía por uno de esos pisos para mayores de 60 años -a través de la comercializadora Fincas Urízar- hasta 249.417 euros, «con un 7% de IVA incluido», lo que provocó una tormenta política en el Ayuntamiento. A comienzos de 2006, cuando la constructora pujó por la parcela, comunicó al Ayuntamiento que vendería las casas a un precio «redondeado», que oscilaría entre los 163.178 y los 195.003 euros, es decir a un coste sensiblemente inferior al que luego pedía en octubre.
El precio de estos apartamentos ya fue objeto de polémica en abril de 2007, cuando también este diario dio a conocer los millonarios beneficios que Opacua iba a obtener con la promoción, autorizada en solitario por el anterior Gobierno del PP con el rechazo de toda la oposición. Entonces, los populares exigieron y lograron que la constructora firmara un documento en el que se comprometía a vender los pisos a los precios fijados «en la oferta» que presentó al Ayuntamiento. No quedó claro si la cantidad incluía o no el IVA.
Confrontación
En octubre, después de que las cifras reales de venta salieran a la luz, populares, nacionalistas de PNV y EA, y EB exigieron en bloque a Lazcoz que denunciara a la constructora. Toda la oposición dio por hecho que Opacua -la misma firma envuelta en la polémica de los chalés bioclimáticos de Ibaiondo que ahora investiga una juez a instancias de la Fiscalía- «había incumplido sus compromisos» con el Consistorio y tenía por tanto que rebajar los pisos de Etxezarra.
El alcalde, Patxi Lazcoz, reaccionó de inmediato y llevó el caso ante el juez para evitar que se consumara lo que calificó como «un pelotazo inmobiliario». No sólo eso. El regidor socialista llegó a plantearse vetar a Opacua en los futuros concursos del Consistorio, como le exigieron PP y PNV. Al final descartó la idea porque no había «ninguna posibilidad legal» de llevarla a cabo.
Por su parte, la constructora siempre ha manifestado que podía vender los pisos de la calle Castilla a costes «de mercado». Y lo creía así porque ni el concurso público de enajenación de la parcela, ni el escrito de adjudicación de la misma ni el documento público de compraventa fijaban una limitación en el precio de los apartamentos. La firma insistía en que las cifras que envió al Ayuntamiento «eran orientativas y no vinculantes». Es decir, que se trata «de una promoción libre».
La sentencia, firmada el 31 de marzo, y que puede ser recurrida, tumba estas apreciaciones de Opacua. El magistrado falla que fue la propia empresa la que fijó lo que debían valer los pisos «y no el Ayuntamiento», por lo que llega a calificar de «incomprensible» su postura. Además, remarca que esa horquilla de costes es «esencial» porque «fue puntuaba en el concurso».
En este sentido, el juez zanja que los precios presentados por Opacua al pujar por la parcela «son definitivos». Y además valora la posterior nota que la empresa firmó en abril de 2007 a exigencias del PP, cuando se comprometió a limitar el coste de venta. Ese documento tiene «plenos efectos probatorios», constata el ponente de la sentencia.
El magistrado refuerza su postura con otra consideración. El coste de esos pisos, apunta, «nunca puede ser libre» porque son tutelados y están dirigidos «a un segmento poblacional concreto», el de los mayores de 60 años. Con todo, falla que el precio de venta de los apartamentos tutelados de Etxezarra deberá ser «el propuesto por Opacua en la oferta que presentó al concurso».
i.cueto@diario-elcorreo.com
