ESTUDIO DEL GOBIERNO VASCO
Uno de cada siete beneficiarios vascos de renta básica está «ilocalizable»
Azkarraga pide «más control» contra el fraude a diputaciones y ayuntamientos
El Gobierno vasco se llevó una sorpresa cuando comenzó a abordar un estudio sobre el perfil de los perceptores de la renta básica, el salario social que la Administración hace llegar a las personas con menos recursos. El análisis se basó en entrevistas personales con quienes reciben esta prestación y resultó que en uno de cada siete casos -el 13,5%- fue imposible contactar con los beneficiarios. Además, otro 2,1% se negó a responder a las preguntas del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Se trata, reconoció ayer el consejero Joseba Azkarraga, de «situaciones irregulares» que ocultan por lo general un «riesgo de fraude».
El estudio se realizó hace cuatro meses sobre una muestra de 2.501 personas que recibían la renta básica en diciembre de 2006. En 213 casos (el 8,5%) no se pudo establecer contacto, «pese a hacer todos los esfuerzos posibles a través de cartas, visitas, avisos a los vecinos...», señaló Azkarraga, debido a que el beneficiario siempre estaba ausente de su domicilio. En otros 124 supuestos (el 5%) no se dio con los perceptores al estar «ilocalizados» y desconocerse su residencia. En todos los casos se trataba de gente que seguía cobrando la prestación. Azkarraga reconoció que «nos ha sorprendido la cantidad de personas a las que no hemos podido entrevistar». Se refirió en especial a «ese 5% de ilocalizados, donde existe el riesgo más alto de fraude».
El consejero no ocultó que se trata de una situación «preocupante, porque demuestra que algunos servicios sociales de base no realizan una adecuada labor de seguimiento y control». Y es que, aunque es el Gobierno vasco el que hace frente al gasto, son diputaciones y ayuntamientos los responsables de su gestión. Por eso, desde la consejería aseguran que «estas irregularidades están siendo analizadas de forma pormenorizada» y se han puesto en contacto con las distintas administraciones para «extremar el celo en el control». Tras las investigaciones, Azkarraga advirtió que se tomarán medidas, «desde el apercibimiento hasta la suspensión cautelar de la ayuda».
Todo esto ocurre pese a que el Gobierno vasco destina 5,6 millones de euros a facilitar técnicos de refuerzo para los servicios sociales de base cuyo cometido es realizar el seguimiento y control de los perceptores de las ayudas.
Su trabajo aumenta a medida que pasan los años y se incrementa la cifra de perceptores de la renta básica. Según los últimos datos aportados ayer por Azkarraga y referentes a diciembre de 2007, 29.586 personas reciben este salario en Euskadi, dos mil más que en 2006. Pero, si el paro cae, ¿cómo se explica este crecimiento? Sobre todo, por el acceso a la prestación de pensionistas, especialmente viudas con pensiones muy bajas, y por la llegada de inmigrantes con dificultades para encontrar un empleo.
189 millones en 2008
Para evitar que todos ellos se vean sumidos en la pobreza y la exclusión social, el Gobierno vasco invertirá este año 189,22 millones de euros para hacer frente a esta prestación, que supone el pago mensual de entre 616 y 875 euros, en función del número de personas que componen la unidad familiar.
Casi la mitad de los beneficiarios no tienen otra salida que acceder a esta ayuda para sobrevivir (mayores, enfermos, personas con familiares a su cargo que les impiden acceder a un empleo...). En otro 33% de los casos los perceptores están en activo y cobran la ayuda como complemento a sus ingresos.
El principal problema llega con el resto, casi el 20%. A Azkarraga le preocupan quienes «perciben la renta, se quedan 'atrapados' y rechazan trabajos mal remunerados para seguir cobrando». En esos casos, cuando los perceptores tienen posibilidad de acceder a un empleo, se establece la obligación de que se impliquen en un proceso de inserción sociolaboral.
El estudio se realizó hace cuatro meses sobre una muestra de 2.501 personas que recibían la renta básica en diciembre de 2006. En 213 casos (el 8,5%) no se pudo establecer contacto, «pese a hacer todos los esfuerzos posibles a través de cartas, visitas, avisos a los vecinos...», señaló Azkarraga, debido a que el beneficiario siempre estaba ausente de su domicilio. En otros 124 supuestos (el 5%) no se dio con los perceptores al estar «ilocalizados» y desconocerse su residencia. En todos los casos se trataba de gente que seguía cobrando la prestación. Azkarraga reconoció que «nos ha sorprendido la cantidad de personas a las que no hemos podido entrevistar». Se refirió en especial a «ese 5% de ilocalizados, donde existe el riesgo más alto de fraude».
El consejero no ocultó que se trata de una situación «preocupante, porque demuestra que algunos servicios sociales de base no realizan una adecuada labor de seguimiento y control». Y es que, aunque es el Gobierno vasco el que hace frente al gasto, son diputaciones y ayuntamientos los responsables de su gestión. Por eso, desde la consejería aseguran que «estas irregularidades están siendo analizadas de forma pormenorizada» y se han puesto en contacto con las distintas administraciones para «extremar el celo en el control». Tras las investigaciones, Azkarraga advirtió que se tomarán medidas, «desde el apercibimiento hasta la suspensión cautelar de la ayuda».
Todo esto ocurre pese a que el Gobierno vasco destina 5,6 millones de euros a facilitar técnicos de refuerzo para los servicios sociales de base cuyo cometido es realizar el seguimiento y control de los perceptores de las ayudas.
Su trabajo aumenta a medida que pasan los años y se incrementa la cifra de perceptores de la renta básica. Según los últimos datos aportados ayer por Azkarraga y referentes a diciembre de 2007, 29.586 personas reciben este salario en Euskadi, dos mil más que en 2006. Pero, si el paro cae, ¿cómo se explica este crecimiento? Sobre todo, por el acceso a la prestación de pensionistas, especialmente viudas con pensiones muy bajas, y por la llegada de inmigrantes con dificultades para encontrar un empleo.
189 millones en 2008
Para evitar que todos ellos se vean sumidos en la pobreza y la exclusión social, el Gobierno vasco invertirá este año 189,22 millones de euros para hacer frente a esta prestación, que supone el pago mensual de entre 616 y 875 euros, en función del número de personas que componen la unidad familiar.
Casi la mitad de los beneficiarios no tienen otra salida que acceder a esta ayuda para sobrevivir (mayores, enfermos, personas con familiares a su cargo que les impiden acceder a un empleo...). En otro 33% de los casos los perceptores están en activo y cobran la ayuda como complemento a sus ingresos.
El principal problema llega con el resto, casi el 20%. A Azkarraga le preocupan quienes «perciben la renta, se quedan 'atrapados' y rechazan trabajos mal remunerados para seguir cobrando». En esos casos, cuando los perceptores tienen posibilidad de acceder a un empleo, se establece la obligación de que se impliquen en un proceso de inserción sociolaboral.
