En concreto, señalaron cuatro anomalías en el expediente (entre ellas la ausencia de aprobación del gasto), dos en la adjudicación (no publicación en el boletín) y una en la ejecución («incrementos de plazo sin formalizar o aprobados por órgano distinto»). Con el mandato del Parlamento, el tribunal podrá profundizar su tarea auditora en la ejecución. En el caso de que la solicitud de la Cámara no tenga efectos inmediatos, se da por hecho que el máximo órgano fiscalizador de la Administración pública en el País Vasco actuaría de oficio el próximo año en su plan de trabajo de 2009.





