ÁLAVA
El alcalde dice que el fallo sobre los pisos de Etxezarra refuerza la «luz roja» a la especulación
Considera una «buena noticia» la sentencia que obliga a Opacua a limitar el precio de los apartamentos tutelados La empresa ha recurrido ya la resolución judicical
05.04.08 -
FRENO. Imagen de los apartamentos tutelados que se construyen en Etxezarra. / BLANCA CASTILLO
Una buena noticia y un importante paso adelante, además de una rotunda advertencia. Son los calificativos que utilizó ayer el alcalde, Patxi Lazcoz, para referirse a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 que obliga a Construcciones Opacua a limitar el precio de los apartamentos tutelados para mayores de 60 años que promueve en la calle Castilla, junto a la vieja casa Etxezarra. El fallo, adelantado por EL CORREO, ha sido ya recurrido por la firma ante la Audiencia Provincial, que ahora puede tardar entre tres o cuatro meses en resolver el litigio.
En cualquier caso, el regidor socialista cree que la resolución judicial reafirma la «luz roja» para las prácticas de especulación inmobiliaria, máxime cuando, como en este caso, contravenía de manera abierta los compromisos alcanzados con el Ayuntamiento.
Ése es, precisamente, el argumento esgrimido por el ponente de la sentencia. Según el fallo, la empresa Opacua presentó en 2006 unas cifras «claras y precisas» cuando pujó en el concurso municipal por la parcela, por lo que elevarlas luego, como intentó más tarde, va «en contra de la ley». Y es que la constructora presentó ante el Ayuntamiento unos precios iniciales para los apartamentos que oscilaban entre los 163.178 y los 195.003 euros. Sin embargo, en octubre de 2007, este diario dio a conocer que la agencia que los promociona llegaba a pedir hasta 249.000 por ellos.
El alcalde reiteró ayer que las intenciones de Opacua suponían incrementar en dos millones los beneficios que reportaba la operación, hasta llegar a los cinco. «La sentencia es un ejemplo para otros promotores que puedan sentir la misma tentación», dijo Lazcoz. «No vamos a tolerar procesos especulativos», insistió. Por ello, subrayó que el Ayuntamiento va a «seguir desplegando» toda su capacidad de control para «evitar que Vitoria sea un caldo de cultivo para esas prácticas». Ello exige «no hacer contratos de amigos, compromisos que se fíen a la buena fe», sino detallar con claridad las obligaciones de las partes, dijo en una crítica velada a lo ocurrido en el mandato del PP.
«Demoledora»
El proyecto de Etxezarra suscitó en su momento un enfrentamiento entre los populares y la oposición. Cuando trascendieron los planes de Opacua de cobrar más por los pisos arreció la polémica, y el Gabinete Alonso exigió y logró que la constructora firmara un documento en el que se comprometía a vender los apartamentos a los precios fijados en la oferta. El PP recordó ayer este aspecto y Javier Maroto valoró de forma «positiva» el fallo judicial.
Mikel Martínez, del PNV, y An-txon Belakortu, de EA, coincidieron en calificar de «demoledora» la sentencia. El primero destacó el acierto de haber actuado con «firmeza y seguridad» y animó a la Corporación a recurrir a los tribunales en el caso de los chalés de Ibaiondo, también promovidos por Opacua. Belakoru dijo que la constructora ha hecho «el ridículo por haber querido ganar aún más y forzar el cántaro hasta romperlo». Desde EB, José Navas mostró su satisfacción por haber «conseguido acabar con uno de los procesos más especulativos» vividos en la ciudad.
En cualquier caso, el regidor socialista cree que la resolución judicial reafirma la «luz roja» para las prácticas de especulación inmobiliaria, máxime cuando, como en este caso, contravenía de manera abierta los compromisos alcanzados con el Ayuntamiento.
Ése es, precisamente, el argumento esgrimido por el ponente de la sentencia. Según el fallo, la empresa Opacua presentó en 2006 unas cifras «claras y precisas» cuando pujó en el concurso municipal por la parcela, por lo que elevarlas luego, como intentó más tarde, va «en contra de la ley». Y es que la constructora presentó ante el Ayuntamiento unos precios iniciales para los apartamentos que oscilaban entre los 163.178 y los 195.003 euros. Sin embargo, en octubre de 2007, este diario dio a conocer que la agencia que los promociona llegaba a pedir hasta 249.000 por ellos.
El alcalde reiteró ayer que las intenciones de Opacua suponían incrementar en dos millones los beneficios que reportaba la operación, hasta llegar a los cinco. «La sentencia es un ejemplo para otros promotores que puedan sentir la misma tentación», dijo Lazcoz. «No vamos a tolerar procesos especulativos», insistió. Por ello, subrayó que el Ayuntamiento va a «seguir desplegando» toda su capacidad de control para «evitar que Vitoria sea un caldo de cultivo para esas prácticas». Ello exige «no hacer contratos de amigos, compromisos que se fíen a la buena fe», sino detallar con claridad las obligaciones de las partes, dijo en una crítica velada a lo ocurrido en el mandato del PP.
«Demoledora»
El proyecto de Etxezarra suscitó en su momento un enfrentamiento entre los populares y la oposición. Cuando trascendieron los planes de Opacua de cobrar más por los pisos arreció la polémica, y el Gabinete Alonso exigió y logró que la constructora firmara un documento en el que se comprometía a vender los apartamentos a los precios fijados en la oferta. El PP recordó ayer este aspecto y Javier Maroto valoró de forma «positiva» el fallo judicial.
Mikel Martínez, del PNV, y An-txon Belakortu, de EA, coincidieron en calificar de «demoledora» la sentencia. El primero destacó el acierto de haber actuado con «firmeza y seguridad» y animó a la Corporación a recurrir a los tribunales en el caso de los chalés de Ibaiondo, también promovidos por Opacua. Belakoru dijo que la constructora ha hecho «el ridículo por haber querido ganar aún más y forzar el cántaro hasta romperlo». Desde EB, José Navas mostró su satisfacción por haber «conseguido acabar con uno de los procesos más especulativos» vividos en la ciudad.
