
La reacción del regidor llegó 24 horas después de que el viceconsejero de Inserción Social y Familia, Manuel Vigo, zanjara con rotundidad que este dinero debe abonarlo el Consistorio con cargo al presupuesto municipal. «Si quieren llegar a las cuantías máximas establecidas -pagar 290 ó 300 euros en lugar de 250-, ésa es una cuestión política y por tanto, deben costearlas el Ayuntamiento», apostilló. «Lo que no es de recibo -recalcó-, es que ahora se trate de cargar eso al Gobierno vasco, que tiene un presupuesto limitado».
Estas palabras han venido a acrecentar el malestar que existe en el seno del Gabinete Lazcoz, y que en reiteradas ocasiones ha sido expresado en estos últimos meses por el concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain. Ayer, le tocó el turno al propio alcalde, y pese a iniciar su intervención asegurando que no pretendía hacer de este tema un enfrentamiento dialéctico con el consejero a través de la Prensa, terminó por calificar de «intolerable» su actitud.
«No puedo decir a una familia que subsiste gracias a las AES que de enero a octubre nos llega el dinero para pagarles, pero que los otros dos meses restantes, se busquen la vida. No es justo», subrayó Lazcoz. También tiró de ironía al asegurar que se conformaría con el dinero que Lakua se ha gastado «allende los mares» para contar «legítimamente» algún proyecto político, en clara referencia al plan soberanista del lehendakari.
En sus críticas al Gobierno vasco, le reprochó que es «más fácil» enfrentarse a este tipo de colectivos ya que no tienen conocimientos o recursos para plantar cara a la Administración. Por ello, señaló que es hora de que alguien sea su voz antes las instituciones.
a.lorente@diario-elcorreo.com









