GENERAL
Los jueces expedientarán al magistrado del 'caso Mari Luz' y sopesan expulsarle
Consideran que cometió una falta «muy grave» al «desatender sus funciones»
05.04.08 -
EN LA CUERDA FLOJA. Rafael Tirado puede ser apartado de la carrera judicial. / E. C.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expedientará por falta muy grave a Rafael Tirado, el magistrado sevillano que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. El sospechoso, con numerosos antecedentes por abuso de menores, tendría que haber ingresado en prisión para cumplir una condena de más de tres años de cárcel por forzar a su propia hija en 2006, pero el escaso control que ejercía el titular sobre su juzgado le permitió seguir en libertad.
Según fuentes del CGPJ, la Comisión Disciplinaria del organismo, que el lunes se reunirá con carácter de urgencia, aceptará la propuesta presentada hoy por el Servicio de Inspección y abrirá a Tirado un expediente sancionador ante los indicios de que ha cometido una falta «muy grave» de «desatención de sus funciones» en la tramitación y resolución de las causas de su juzgado, el Penal número 1 de Sevilla.
El expediente, que se instruirá en un plazo inferior a seis meses, puede acarrear sanciones que van desde el traslado forzoso -a más de 100 kilómetros- y la suspensión por un máximo de tres años a la expulsión de la carrera judicial si el pleno del CGPJ aprecia una extraordinaria gravedad en la falta. La Comisión Disciplinaria también deberá debatir el lunes si es necesario acordar la suspensión cautelar del juez en sus funciones mientras se instruye el expediente. Esta medida se toma si se considera que lo ocurrido puede condicionar su labor.
La Inspección, en un informe de 33 folios, analiza todos los hechos y llega a la conclusión de que la demora de dos años, dos meses y nueve días en ejecutar la sentencia firme por abusos sexuales contra Del Valle fue debida a «trámites dilatorios, errores y omisiones» cometidos por los funcionarios y la secretaria judicial del Juzgado Penal 1 de Sevilla, que fueron posibles gracias a «la pasividad», la «dejación de funciones» y la «ausencia de control» por parte de Tirado sobre «la actividad de los funcionarios».
La investigación es taxativa cuando dice que el magistrado incumplía «de forma habitual» sus obligaciones de asegurar la ejecución de las sentencias, «ya que no existía ninguna actividad de supervisión y control» sobre el trabajo de sus subordinados.
Todo este cúmulo de errores se resume en que el juzgado no ordenó la detención e ingreso en prisión de Del Valle hasta el pasado 27 de marzo, dos días después de su detención en Huelva por el asesinato de Mari Luz. Esto ocurrió pese a que una anterior sentencia firme estaba pendiente de ejecución desde el 3 de enero de 2006.
A esta situación se llegó, según los inspectores del Poder Judicial, porque la secretaria y el juez, en vez de ordenar de inmediato la detención y encarcelamiento del condenado, perdieron un año y ocho meses en tratar de averiguar su domicilio para citarle en el juzgado. Cuando ya se dieron cuenta que no lo conseguirían, en vez de dictar una orden de detención, perdieron otros cinco meses de forma innecesaria en lograr que la Fiscalía les dijese si le parecía bien tomar esta medida.
El magistrado, en su informe de descargo ante la Inspección, achaca el retraso en la ejecución de esta sentencia a la sobrecarga de trabajo, a los múltiples cambios de personal y a la escasez de funcionarios. La Inspección, sin embargo, dice que estas alegaciones no logran explicar lo ocurrido.
El Poder Judicial tiene previsto remitir copia del informe de la Inspección tanto al Ministerio de Justicia como a la Fiscalía General del Estado y a la Junta de Andalucía, para que «valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria» en sus propias investigaciones. Con esta prevención no sólo se refiere a los posibles errores, dilaciones y omisiones de algunos miembros del Juzgado Penal 1 sino al papel de los acusadores (Fiscalía y Junta). Indica que estos, pese a los más de dos años de dilaciones, «no denunciaron demoras o irregularidades en la tramitación de la ejecutoria, ni recurrieron las resoluciones»".
Postura del Gobierno
El segundo capítulo del informe de la Inspección se centra en el papel de Javier González, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia provincial de Sevilla, el juez ponente que redactó la sentencia que rechazaba el recurso de Del Valle y que declaraba firme la condena por abusar de su hija. González tardó dos años y siete meses en redactar la sentencia firme y comunicársela al juzgado de Tirado para su ejecución.
La Inspección considera que su actuación en este caso es de «una pasividad alarmante» y que describe los indicios necesarios para achacarle también una falta muy grave de desatención de sus funciones. Sin embargo, sus irregularidades quedarán impunes porque los hechos por los que podría ser sancionado ya ha prescrito, al haber transcurrido dos años.
El Gobierno fue partidario ayer de que los errores judiciales acarreen las «responsabilidades correspondientes», pero insistió en separar estas disfunciones del debate sobre la mejora del sistema. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sostuvo que las investigaciones sobre los casos que han generado «alarma y preocupación» deben llevarse hasta el final para que «cada uno asuma sus responsabilidades».
Según fuentes del CGPJ, la Comisión Disciplinaria del organismo, que el lunes se reunirá con carácter de urgencia, aceptará la propuesta presentada hoy por el Servicio de Inspección y abrirá a Tirado un expediente sancionador ante los indicios de que ha cometido una falta «muy grave» de «desatención de sus funciones» en la tramitación y resolución de las causas de su juzgado, el Penal número 1 de Sevilla.
El expediente, que se instruirá en un plazo inferior a seis meses, puede acarrear sanciones que van desde el traslado forzoso -a más de 100 kilómetros- y la suspensión por un máximo de tres años a la expulsión de la carrera judicial si el pleno del CGPJ aprecia una extraordinaria gravedad en la falta. La Comisión Disciplinaria también deberá debatir el lunes si es necesario acordar la suspensión cautelar del juez en sus funciones mientras se instruye el expediente. Esta medida se toma si se considera que lo ocurrido puede condicionar su labor.
La Inspección, en un informe de 33 folios, analiza todos los hechos y llega a la conclusión de que la demora de dos años, dos meses y nueve días en ejecutar la sentencia firme por abusos sexuales contra Del Valle fue debida a «trámites dilatorios, errores y omisiones» cometidos por los funcionarios y la secretaria judicial del Juzgado Penal 1 de Sevilla, que fueron posibles gracias a «la pasividad», la «dejación de funciones» y la «ausencia de control» por parte de Tirado sobre «la actividad de los funcionarios».
La investigación es taxativa cuando dice que el magistrado incumplía «de forma habitual» sus obligaciones de asegurar la ejecución de las sentencias, «ya que no existía ninguna actividad de supervisión y control» sobre el trabajo de sus subordinados.
Todo este cúmulo de errores se resume en que el juzgado no ordenó la detención e ingreso en prisión de Del Valle hasta el pasado 27 de marzo, dos días después de su detención en Huelva por el asesinato de Mari Luz. Esto ocurrió pese a que una anterior sentencia firme estaba pendiente de ejecución desde el 3 de enero de 2006.
A esta situación se llegó, según los inspectores del Poder Judicial, porque la secretaria y el juez, en vez de ordenar de inmediato la detención y encarcelamiento del condenado, perdieron un año y ocho meses en tratar de averiguar su domicilio para citarle en el juzgado. Cuando ya se dieron cuenta que no lo conseguirían, en vez de dictar una orden de detención, perdieron otros cinco meses de forma innecesaria en lograr que la Fiscalía les dijese si le parecía bien tomar esta medida.
El magistrado, en su informe de descargo ante la Inspección, achaca el retraso en la ejecución de esta sentencia a la sobrecarga de trabajo, a los múltiples cambios de personal y a la escasez de funcionarios. La Inspección, sin embargo, dice que estas alegaciones no logran explicar lo ocurrido.
El Poder Judicial tiene previsto remitir copia del informe de la Inspección tanto al Ministerio de Justicia como a la Fiscalía General del Estado y a la Junta de Andalucía, para que «valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria» en sus propias investigaciones. Con esta prevención no sólo se refiere a los posibles errores, dilaciones y omisiones de algunos miembros del Juzgado Penal 1 sino al papel de los acusadores (Fiscalía y Junta). Indica que estos, pese a los más de dos años de dilaciones, «no denunciaron demoras o irregularidades en la tramitación de la ejecutoria, ni recurrieron las resoluciones»".
Postura del Gobierno
El segundo capítulo del informe de la Inspección se centra en el papel de Javier González, magistrado de la Sección Séptima de la Audiencia provincial de Sevilla, el juez ponente que redactó la sentencia que rechazaba el recurso de Del Valle y que declaraba firme la condena por abusar de su hija. González tardó dos años y siete meses en redactar la sentencia firme y comunicársela al juzgado de Tirado para su ejecución.
La Inspección considera que su actuación en este caso es de «una pasividad alarmante» y que describe los indicios necesarios para achacarle también una falta muy grave de desatención de sus funciones. Sin embargo, sus irregularidades quedarán impunes porque los hechos por los que podría ser sancionado ya ha prescrito, al haber transcurrido dos años.
El Gobierno fue partidario ayer de que los errores judiciales acarreen las «responsabilidades correspondientes», pero insistió en separar estas disfunciones del debate sobre la mejora del sistema. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sostuvo que las investigaciones sobre los casos que han generado «alarma y preocupación» deben llevarse hasta el final para que «cada uno asuma sus responsabilidades».
