El Correo Digital

Nunca llueve a gusto de todos, pero cuando no lo hace es aún peor. La más cruel sequía mediterránea desde hace casi cien años ha convertido el agua en un bien no ya preciado en Cataluña, sino en objeto de una guerra abierta que enfrenta a todos: administraciones, partidos, regiones y ciudadanos. Los embalses que abastecen a los cinco millones de habitantes de la metrópoli barcelonesa rozan el 20% de su capacidad y apenas aseguran abastecimiento para unos meses. Si no llueve, las restricciones se esperan para el verano. Y no será un mero inconveniente doméstico. «Si hay cortes, adiós turismo», dice Jordi Clos, presidente del gremio de hoteleros de una provincia cuyo litoral vive del sol y la playa. España en su conjunto se enfrenta a su cuarto año consecutivo de escasez, con precipitaciones un 40% inferiores a las normales.

La polémica por la falta de agua se ha avivado aún más por las controvertidas propuestas para atajarla. La tormenta política se ha desatado a lo largo de toda la semana en torno al trasvase del Segre, un afluente del Ebro situado en la provincia de Lleida y que se enmarca, por tanto, en una cuenca diferente a la de la capital barcelonesa. La Generalitat elaboró casi a hurtadillas un proyecto para captar agua de este río y llevarla, a través de una galería de servicio del túnel del Cadí, al Llobregat, desde donde acabaría en el embalse de La Baells -ahora al 20%-, una de las exhaustas láminas de agua que abastecen a Barcelona. El coste de la infraestructura se calculó en 45 millones de euros; se conseguirían 45 hectómetros cúbicos -una transferencia mínima de 1,5 metros cúbicos por segundo- y todo se desmontaría en ocho meses, cuando entre en funcionamiento en mayo de 2009 la desalinizadora de El Prat, una infraestructura a la que se confiará finalmente el abastecimiento continuado de la segunda metrópoli española y cuya ejecución acumula varios años de retraso.

La operación ha puesto al Gobierno todavía en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero en un excepcional aprieto político. Suya es la competencia para aprobar la conducción, pero nadie es ajeno a la feroz radicalidad exhibida por los socialistas en materia de trasvases al derogar nada más llegar al poder el Plan Hidrológico Nacional que dejó en marcha el último Gabinete de Aznar, que preveía una descomunal obra pública para llevar 1.000 hectómetros cúbicos de agua del Ebro a Valencia, Alicante y Murcia. Estas provincias también están ahora con sus reservas en mínimos históricos.

Por mar y hasta por tren

Aprobar en este escenario el trasvase solicitado por la Generalitat, dicen los dirigentes populares del Levante, significaría reabrir la polémica territorial y sería visto como una cesión de Zapatero a sus correligionarios socialistas, mientras que se ha negado una solución similar a las comunidades que son feudo del PP. Pero la guerra regional tiene más actores. Aragón, gobernada por el PSOE, también se ha negado en redondo a este nuevo trasvase del Ebro -«el río lleva agua, pero la cuenca se muere de sed», dicen sus regantes-, y en Castilla La Mancha y Andalucía el PP presiona también contra la transferencia.

Incluso en Cataluña las posturas son dispares. Fuera de la provincia de Barcelona, el plan recaba escasos apoyos -ni siquiera cuanta con el aval de los partidos que sostienen el Govern de José Montilla- y la persistencia de la Generalitat en la «captación temporal» -'trasvase' es un término tabú- amenaza con reabrir viejas heridas entre el campo y la ciudad, entre la zona rural que vive del regadío y el área metropolitana que hace del consumo humano el principal uso del agua, pero que también riega jardines y llena las piscinas de las urbanizaciones.

Quizá por todo ello, el Ejecutivo de Zapatero se ha anticipado a rechazar la propuesta del Govern. Lo hizo primero la vicepresidenta Fernández de la Vega y después la ministra Cristina Narbona. El propio presidente aseguró el jueves que el trasvase «no es la solución», mientras la titular de Medio Ambiente trasladaba a la Generalitat sus propuestas: a corto plazo, que se compren derechos de agua a regantes a quienes les sobre para paliar la actual crisis. Y a largo, que se ponga en marcha la desalinizadora, cuya ejecución corre a cargo del departamento de Medi Ambient catalán y que acumula un importante retraso.

La cuenca catalana acumula 18 meses sin lluvias significativas y el tiempo apremia. «Haremos lo que sea para que cinco millones de personas no se queden sin agua», dice el Ejecutivo de Montilla, que no acaba de descartar recurrir al Segre a pesar del 'no' de La Moncloa. En los últimos días cobra fuerza la hipótesis de la compra de derechos a los regantes del Ebro, a algunos de los cuales les puede interesar limitar su producción «si pagan bien».

Pero al abanico de hipótesis se mantiene mucho más abierto. Se plantea aprovechar el 'minitrasvase' que transfiere agua desde el Ebro a las tierras del Delta, casi hasta Tarragona, que aporta 121 hectómetros cúbicos anuales de los que sólo se aprovechan 76 (el 65%). También se estudia llevar el agua en barco desde la desalinizadora de Carboneras, en Almería, o desde Marsella, en Francia, lo que costaría la friolera de 22 millones de euros mensuales. Y hasta se plantea transportarla por tren desde Tarragona, con una factura de 24.000 euros diarios. Cantidades astronómicas, pero «asumibles». «Nuestra obligación es dar garantías de abastecimiento», dice el consejero de Medi Ambient, el cuestionado Francesc Bastasar.