En un autor dictado el pasado 25 de marzo, Etxarandio impuso al gigante galo la obligación de informar a través de cinco diarios de su posición en Iberdrola y de si tiene planes de tomar su control. El juez le dio cinco días para responder y, justo cuando expiraba el plazo, el viernes pasado, EDF presentó una declinatoria de competencia internacional en la que cuestionaba la potestad de los tribunales españoles para pronunciarse sobre esta materia.
Etxarandio explicó después que, a partir de ese punto, se abre un plazo para alegaciones y que luego él mismo decidirá si es competente o no, pudiendo EDF recurrir la decisión a la Audiencia Provincial. También aseguró que las medidas cautelares quedaban suspendidas hasta que se resuelva el conflicto de competencia.
Iberdrola, no obstante, considera que las cautelares no han quedado suspendidas e insta al juez a obligar a EDF a ejecutarlas. Para empezar, le solicita «requerir nuevamente» a la compañía para que proceda, en el plazo de cinco días, al cumplimiento de la orden, «con expreso apercibimiento» de que, de no hacerlo, «incurriría en delito de desobediencia grave».
En caso de que el gigante galo deje pasar el plazo sin dar la respuesta requerida, solicita al juez que cite al presidente de EDF, Pierre Gadonneix, para que comparezca ante el juzgado para contestar a las cuestiones que se recogen en la orden. Y si la compañía gala persistiera en su actitud, entonces pide que se le sancione con «multas coercitivas mensuales -hasta el límite de un año- cuantificadas entre un mínimo de 15 millones y un máximo de 16 millones».
Sin embargo, el propio Etxarandio sostiene que no puede «ni multar» a EDF por ser una compañía francesa y que el incumplimiento de la orden estaría regido por el derecho penal galo.





