
Una firma que materializaron el domingo los secretarios generales de las respectivas federaciones de servicios públicos y que provocó un profundo malestar entre los delegados sindicales de CC OO de La Rioja, quienes se habían comprometido, como el resto de fuerzas de la plataforma, a someter a referéndum el resultado de la negociación.
Este comportamiento ha provocado un cierto distanciamiento entre la federación y las bases sobre el que la delegada de Justicia de Comisiones Obreras, Laly Arnella, prefería no pronunciarse. «Habrá que esperar a que pase cierto tiempo para pensar con la cabeza más fría, pues ahora te pueden salir cosas de las que luego tengas que arrepentirte», decía.
Con todo, Arnella explicó que el acuerdo conseguido «no es de los peores», pues además de que presenta mejoras sustanciales «esta vez se podía mirar porque tenía cara y ojos».
Las cifras
En términos similares se pronunció sobre el acuerdo el presidente de la junta de Personal y portavoz de CSI-CSIF, Alberto Herrería, quien lo calificó de «digno» durante de la asamblea que convocó su sindicato para informar del contenido del acuerdo. Y es que tanto CSIF como STAJ son las dos únicas fuerzas que han llevado hasta el final su compromiso con los funcionarios de someter a referéndum el acuerdo, que contempla el pago de 190 euros: 160 en el presente ejercicio y los treinta restantes en julio de 2009.
Pues bien, de los 285 trabajadores que componen la plantilla de la Administración de Justicia en La Rioja votaron 160, lo que equivale a un 56,14 por ciento. En total, 114 se mostraron favorables al acuerdo (71,25%), 39 lo hicieron en contra del mismo (un 24,38%) y siete votaron en contra.
La votación incluía un segundo apartado respecto a si se mostraban partidarios o no de poner punto final a dos meses de huelga. En este supuesto fueron 107 los funcionarios que expresaron su deseo de acabar el paro indefinido que iniciaron el 4 de febrero (un 28,75%), mientras que 46 dijeron que querían continuarlo y siete votaron en blanco.
Unas votaciones en las que, al igual que las que se celebraron el pasado miércoles, «han participado todos los que han querido, puesto que a ningún funcionario se le ha negado esa posibilidad», señalaron Herrerías y Arnella, quienes recalcan que «los servicios mínimos se han cumplido escrupulosamente en todo este tiempo».
Por otra parte, Alberto Herrería señaló a este diario que con los 8.600 euros recogidos en la 'Caja de solidaridad' «se intentará compensar a aquellos compañeros que hayan hecho la huelga y que lo necesiten, o a quienes menos puedan entrar en los planes de actuación».






