HASTA EL FINAL
El PNV exigirá ya la dimisión de todos los alcaldes de ANV
Intentará acordar en breve con los partidos mociones «de compromiso inequívoco con los principios éticos»
Egibar y Urkullu, el día que anunciaron la rectificación respecto al 'caso Mondragón'. / BERNARDO CORRAL
El PNV había anunciado que daría luz verde ayer a su plan de medidas contra ANV y así lo hizo. Cinco días después de que Iñigo Urkullu diera un golpe de timón para corregir el rumbo del partido tras el rechazo de Joseba Egibar a apoyar la moción de censura contra la alcaldesa radical de Mondragón, el EBB pasó finalmente a la acción. Lo que decidió ayer la ejecutiva jeltzale -en una reunión especialmente larga y dedicada sobre todo a preparar el discurso peneuvista en la sesión de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero- fue «activar el segundo paso» recogido en el documento aprobado el pasado miércoles, que prevé exigir la dimisión de todos los cargos aeneuvistas con responsabilidades de gobierno ante su negativa a desmarcarse de la violencia de ETA.
Las mociones se presentarán, según fuentes oficiales del PNV, «en los próximos días», en función del tiempo que lleve lograr el quórum necesario con el resto de fuerzas representadas en los consistorios para plantearlas por la vía de urgencia. De hecho, el PNV se puso en contacto ya ayer con representantes de PSE, PP, EB, EA y Aralar para transmitirles su decisión de impulsar ya iniciativas para exigir la dimisión de los representantes municipales que «no apuesten por las vías exclusivamente políticas, democráticas y dialogadas», es decir, a todos aquellos que eludan rechazar el uso de la violencia o la amenaza «para alterar los procesos políticos». Será a partir de hoy cuando la secretaria del EBB, Belén Greaves, inicie los contactos con los partidos democráticos para recabar su apoyo y consensuar el texto definitivo de las mociones.
La redacción propuesta por el PNV pasa por exigir a los cargos de la izquierda radical un «compromiso inequívoco con los principios éticos», y demandarles también que condenen los atentados de ETA y las amenazas vertidas por la banda contra todos los militantes del PSE en su último comunicado. «En caso contrario», los jeltzales les pedirán que dejen sus puestos por no cumplir los mínimos éticos necesarios para dirigir una corporación. Evidentemente, como las mociones no surtirán el efecto deseado, el PNV continuará una vez cumplido este trámite con la particular 'hoja de ruta' que se trazó la semana pasada y proseguirá las conversaciones con las demás fuerzas políticas, pero esta vez para negociar ya mociones de censura que permitan poner en marcha de forma efectiva gobiernos municipales alternativos. Desde el PNV se apunta que esos pasos se darán también «de forma inmediata» y «en el menor tiempo posible».
Por el momento, parece que el PSE está dispuesto a «respetar los tiempos» que se ha marcado la formación jeltzale, a pesar de que los dirigentes socialistas, incluido el propio Zapatero, han apremiado al PNV en los últimos días a que propiciara cuanto antes el desalojo de Inocencia Galparsoro. No obstante, aunque deseó que la censura a la regidora de Mondragón «no se dilate de manera excesiva», el líder de los socialistas guipuzcoanos, Miguel Buen, dio ayer un voto de confianza a los peneuvistas y se mostró dispuesto a acordar una acción conjunta contra ANV conforme a los ritmos propuestos por Urkullu. «No seremos nosotros los que, por querer correr mucho, frustremos esa posibilidad», apostilló.
Dieciocho consistorios
Las acciones contra ANV afectaran a los dieciocho consistorios vascos donde los radicales gobiernan en minoría -tres en Vizcaya y quince en Guipúzcoa- y, previsiblemente, su éxito dependerá en cada caso de la aritmética. La propuesta podría encontrar dificultades en algunos de estos enclaves -entre otros, Elorrio, Igorre, Azpeitia, Bergara o Hernani- donde los aeneuvistas gobiernan coaligados con plataformas independientes.
El planteamiento del PNV vio la luz la semana pasada, un día después de que el líder de los jeltzales guipuzcoanos, Joseba Egibar, rechazase apoyar la iniciativa impulsada por el PSE en Mondragón -donde ETA asesinó al ex edil socialista Isaías Carrasco- porque, según dijo, no contribuía a la «normalización» de Euskadi. Ante las dimensiones de la polémica, el malestar interno por una decisión que parte de la ejecutiva peneuvista creía errónea y contraproducente y la presión de los socialistas en plena negociación para intentar conservar la condición de socio preferente de Zapatero, Iñigo Urkullu, en un gesto muy inusual en política, enmendó la plana a su compañero en la ejecutiva y anunció las medidas que ahora se dispone a aplicar.
Las mociones se presentarán, según fuentes oficiales del PNV, «en los próximos días», en función del tiempo que lleve lograr el quórum necesario con el resto de fuerzas representadas en los consistorios para plantearlas por la vía de urgencia. De hecho, el PNV se puso en contacto ya ayer con representantes de PSE, PP, EB, EA y Aralar para transmitirles su decisión de impulsar ya iniciativas para exigir la dimisión de los representantes municipales que «no apuesten por las vías exclusivamente políticas, democráticas y dialogadas», es decir, a todos aquellos que eludan rechazar el uso de la violencia o la amenaza «para alterar los procesos políticos». Será a partir de hoy cuando la secretaria del EBB, Belén Greaves, inicie los contactos con los partidos democráticos para recabar su apoyo y consensuar el texto definitivo de las mociones.
La redacción propuesta por el PNV pasa por exigir a los cargos de la izquierda radical un «compromiso inequívoco con los principios éticos», y demandarles también que condenen los atentados de ETA y las amenazas vertidas por la banda contra todos los militantes del PSE en su último comunicado. «En caso contrario», los jeltzales les pedirán que dejen sus puestos por no cumplir los mínimos éticos necesarios para dirigir una corporación. Evidentemente, como las mociones no surtirán el efecto deseado, el PNV continuará una vez cumplido este trámite con la particular 'hoja de ruta' que se trazó la semana pasada y proseguirá las conversaciones con las demás fuerzas políticas, pero esta vez para negociar ya mociones de censura que permitan poner en marcha de forma efectiva gobiernos municipales alternativos. Desde el PNV se apunta que esos pasos se darán también «de forma inmediata» y «en el menor tiempo posible».
Por el momento, parece que el PSE está dispuesto a «respetar los tiempos» que se ha marcado la formación jeltzale, a pesar de que los dirigentes socialistas, incluido el propio Zapatero, han apremiado al PNV en los últimos días a que propiciara cuanto antes el desalojo de Inocencia Galparsoro. No obstante, aunque deseó que la censura a la regidora de Mondragón «no se dilate de manera excesiva», el líder de los socialistas guipuzcoanos, Miguel Buen, dio ayer un voto de confianza a los peneuvistas y se mostró dispuesto a acordar una acción conjunta contra ANV conforme a los ritmos propuestos por Urkullu. «No seremos nosotros los que, por querer correr mucho, frustremos esa posibilidad», apostilló.
Dieciocho consistorios
Las acciones contra ANV afectaran a los dieciocho consistorios vascos donde los radicales gobiernan en minoría -tres en Vizcaya y quince en Guipúzcoa- y, previsiblemente, su éxito dependerá en cada caso de la aritmética. La propuesta podría encontrar dificultades en algunos de estos enclaves -entre otros, Elorrio, Igorre, Azpeitia, Bergara o Hernani- donde los aeneuvistas gobiernan coaligados con plataformas independientes.
El planteamiento del PNV vio la luz la semana pasada, un día después de que el líder de los jeltzales guipuzcoanos, Joseba Egibar, rechazase apoyar la iniciativa impulsada por el PSE en Mondragón -donde ETA asesinó al ex edil socialista Isaías Carrasco- porque, según dijo, no contribuía a la «normalización» de Euskadi. Ante las dimensiones de la polémica, el malestar interno por una decisión que parte de la ejecutiva peneuvista creía errónea y contraproducente y la presión de los socialistas en plena negociación para intentar conservar la condición de socio preferente de Zapatero, Iñigo Urkullu, en un gesto muy inusual en política, enmendó la plana a su compañero en la ejecutiva y anunció las medidas que ahora se dispone a aplicar.
