
La sentencia considera ahora que la Corporación debe darse por satisfecha con los 50.000 euros que la empresa entregó como fianza antes de iniciar las obras. Además, condena al Consistorio a pagar los costes del proceso judicial.
La Administración local deberá decidir en Junta de Gobierno dentro de unos días si recurre el fallo ante la Audiencia Provincial. Para ello, se espera un informe técnico, aunque «la sentencia está muy bien fundamentada», según explicaron ayer varios concejales después de escuchar a los técnicos en la presentación del fallo.
El alcalde, Jon Karla Menoyo, insistió en la fecha en la que debería haberse recogido el derecho de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento. «Tenía que haberse incluido en la escritura del 16 de febrero de 2001», según Menoyo, fecha en la que se vendieron los terrenos a Pagolar. Entonces, Batasuna gobernaba el Ayuntamiento y el actual alcalde les ha achacado en varias ocasiones la responsabilidad de no haber protegido ese derecho.
El portavoz de ANV, Gaizka Amorrortu, se limitó a explicar que «el objetivo era hacer viviendas más baratas y Construcciones Pagolar, saltándose el contrato, no lo ha respetado y eso ha supuesto un perjuicio para Llodio».
«Negligencia»
Desde el PSE, Juan Antonio Larisgoitia puntualizó que «ha habido una negligencia reiterada por parte del Ayuntamiento, porque ese derecho se podía haber inscrito en varias ocasiones». Larisgoitia añadió que «no se fue lo suficientemente diligente y el pueblo es el pagano de la ligereza del Ayuntamiento».
Rosa Torres, del PP, realizó una valoración personal y justificó los hechos «por dejadez del Ayuntamiento, aunque sin mala intención». Reconoció que «la sentencia es desfavorable a la Corporación, pero creo que Pagolar no se ha lucrado en esta operación porque vendieron los pisos al precio estipulado. Se beneficiarán los propietarios, que tienen una vivienda libre que compraron a precio tasado».









