POLÍTICA
Balza abordará con los sindicatos el cambio de matrículas en los coches de ertzainas amenazados
09.04.08 -
El Departamento de Interior anunció ayer que aceptará reunirse con los sindicatos de la Ertzaintza para discutir sobre el pago de los cambios de matrícula que se realizan en los coches particulares de los agentes amenazados. El sindicato independiente de la Policía Vasca, Erne, se congratuló ayer de este cambio de postura de la consejería que dirige Javier Balza y lo consideró «un logro sindical».
El origen de esta polémica se encuentra en la decisión de Erne de presentar una campaña de denuncias judiciales contra la consejería por negarse a costear el proceso de cambio de placas de los vehículos de los agentes, una medida de seguridad para dificultar su seguimiento por parte de los terroristas. Desde 2005 existía un acuerdo para que Interior financiara la sustitución de las placas en aquellos casos en que las matrículas originales hubieran aparecido en poder de comandos de ETA o se hubieran detectado situaciones de riesgos. En los últimos meses, sin embargo, el Gobierno decidió negarse al pago completo de la operación y consideró que únicamente debía hacer frente a los trámites ante el Ministerio de Interior.
Erne denunció que esta gestión es gratuita y, ante la postura de la consejería, comenzó a presentar demandas ante los tribunales. A su favor tenía que en la propia revista de la Ertzaintza, editada por el departamento, se afirmaba que el cambio de matrícula no tendría ningún coste para los policías.
Dos jueces de Bilbao, en diferentes sentencias, aceptaron los argumentos de Erne. Un tercer magistrado, sin embargo, dio la razón al departamento. El sindicato ha anunciado que presentará un recurso en este caso, ya que Interior, al enviar pruebas al juzgado, había informado de un acuerdo inexistente.
Al explicar el cambio de postura, la consejería de Balza afirmó ayer que las diferentes opiniones «obligan a buscar soluciones». Por su parte, Erne hizo público un comunicado en el que acusa a Interior de jugar «con la seguridad de los ertzainas». En su opinión, la negativa a pagar el cambio de matrículas evidencia la política de la consejería de «judicializar de forma sistemática las relaciones con los sindicatos» y de poner en marcha «una constante vulneración de los derechos de los agentes».
El origen de esta polémica se encuentra en la decisión de Erne de presentar una campaña de denuncias judiciales contra la consejería por negarse a costear el proceso de cambio de placas de los vehículos de los agentes, una medida de seguridad para dificultar su seguimiento por parte de los terroristas. Desde 2005 existía un acuerdo para que Interior financiara la sustitución de las placas en aquellos casos en que las matrículas originales hubieran aparecido en poder de comandos de ETA o se hubieran detectado situaciones de riesgos. En los últimos meses, sin embargo, el Gobierno decidió negarse al pago completo de la operación y consideró que únicamente debía hacer frente a los trámites ante el Ministerio de Interior.
Erne denunció que esta gestión es gratuita y, ante la postura de la consejería, comenzó a presentar demandas ante los tribunales. A su favor tenía que en la propia revista de la Ertzaintza, editada por el departamento, se afirmaba que el cambio de matrícula no tendría ningún coste para los policías.
Dos jueces de Bilbao, en diferentes sentencias, aceptaron los argumentos de Erne. Un tercer magistrado, sin embargo, dio la razón al departamento. El sindicato ha anunciado que presentará un recurso en este caso, ya que Interior, al enviar pruebas al juzgado, había informado de un acuerdo inexistente.
Al explicar el cambio de postura, la consejería de Balza afirmó ayer que las diferentes opiniones «obligan a buscar soluciones». Por su parte, Erne hizo público un comunicado en el que acusa a Interior de jugar «con la seguridad de los ertzainas». En su opinión, la negativa a pagar el cambio de matrículas evidencia la política de la consejería de «judicializar de forma sistemática las relaciones con los sindicatos» y de poner en marcha «una constante vulneración de los derechos de los agentes».
