DEBATE DE INVESTIDURA
El candidato propone un pacto urgente con empresarios y sindicatos para sortear la crisis
Zapatero anuncia una batería de medidas para reducir el impacto del brusco frenazo de la economía y el desplome del sector inmobiliario
09.04.08 -
VISTA GENERAL. Rodríguez Zapatero desgrana su programa de Gobierno. En los escaños de la izquierda aparecen los principales miembros del Ejecutivo en funciones y el grueso de los diputados socialistas. A la derecha se aprecia, entre otros, a miembros del PNV, CiU y del Grupo Mixto. / REUTER
MEDIDAS ECONÓMICAS
José Luis Rodríguez Zapatero admitió ayer que la situación económica es preocupante y que durante «la primera parte» de la legislatura el escenario seguirá rodeado de incertidumbres y de dificultades. La primera iniciativa que pondrá en marcha nada más ser investido como presidente del Gobierno -anunció- será la de convocar a los sindicatos y a la patronal a un proceso de diálogo con el objetivo de alcanzar un pacto social que tenga dos objetivos concretos: alcanzar acuerdos que permitan incentivar el mercado laboral y conseguir mejoras en la competitividad en las empresas, auténtico caballo de batalla para los próximos años.
Pese a dibujar un panorama sombrío, se esforzó en argumentar que España afronta esta fase de crisis -que no dudó en calificar como «un horizonte transitorio» o «paréntesis»- en una posición privilegiada gracias a la fortaleza exhibida por su economía en los últimos ejercicios y a la existencia de un superávit presupuestario que servirá de colchón para «evitar un recorte de gastos en materia social».
Impuestos a la baja
El candidato socialista se comprometió a que durante su nuevo mandato no aumentará los impuestos e incluso apuntó que, «si es posible, habrá descensos». Entre las reformas de carácter económico que pretende abordar, citó la modificación del Impuesto de Sucesiones y, más importante aún, la desaparición del Impuesto de Patrimonio. Los entramados jurídicos de los que se benefician los contribuyentes con mayores recursos, a los que en teoría va dirigido, se han traducido en que este último tributo grava casi en exclusiva a las clases medias.
Zapatero desgranó ante el Congreso una a una la batería de medidas de carácter económico que pretende poner en marcha su Gobierno en los próximos cuatro años y que, en su mayor parte, son compromisos ya adquiridos en la campaña electoral. A sabiendas de que en algunas de las causas fundamentales de la crisis que se avecina el Ejecutivo español no tiene margen de maniobra -la evolución de los precios del petróleo y de los tipos de interés o la atonía de la demanda de los países vecinos, por ejemplo-, el líder socialista formuló iniciativas de perfil bajo cuyo impacto real es incierto.
Así, recordó que existe un compromiso electoral de devolución de 400 euros del IRPF a «pensionistas, asalariados y autónomos», que el nuevo Ejecutivo está dispuesto a aprobar en una de las primeras reuniónes del Consejo de Ministros. Con ello se pretende compensar, al menos parcialmente, la reducción de renta disponible que sufre buena parte de las familias como consecuencia del aumento de las cuotas de sus hipotecas. En la misma línea, pero con el añadido de mejorar la situación de los sectores más desfavorecidos, anunció notables incrementos del salario mínimo -pasará de los 600 euros actuales al mes a 800- y de las pensiones más bajas. En el caso de titulares de pensiones que tengan a su cónyuge a cargo, la cuantía se elevará de 658 a 850 euros, al tiempo que para los perceptores individuales pasará de 528 a 700 euros. Estas alzas se realizarán a lo largo de la legislatura.
Revés inmobiliario
España aporta a la crisis global un problema añadido, que es el derrumbe del sector inmobiliario. Por ello, el futuro presidente detalló también iniciativas en este terreno. Entre ellas, el compromiso de impulsar la construcción de 1,5 millones de viviendas de protección oficial durante los próximos cuatro años; mejorar el tratamiento fiscal en la rehabilitación de edificios; facilidades para la ampliación de los plazos de las hipotecas a las familias que atraviesen dificultades e impulso al aumento de la oferta de alquileres. Habrá también una aceleración en las licitaciones de las obras públicas -una medida demandada desde numerosos sectores para compensar el recorte de la actividad de construcción en el sector privado- y un plan de choque para absorber la destrucción de empleo que generará el sector inmobiliario. Habrá -añadió Rodríguez Zapatero- mayor flexibilidad en el subsidio de desempleo para este colectivo y también un programa de recolocaciones.
Por último, el candidato, que se comprometió en su comparecencia a hacer públicas las balanzas fiscales de España -para conocer cuánto aporta al sostenimiento del Estado cada comunidad y qué cantidades recibe a cambio-, se comprometió a emprender una reforma de la Administración para que gane en efectividad. Incluso, llegó a comprometerse a que las empresas verán reducido en un 30% el coste de los trámites que realizan con los estamentos públicos.
Pese a dibujar un panorama sombrío, se esforzó en argumentar que España afronta esta fase de crisis -que no dudó en calificar como «un horizonte transitorio» o «paréntesis»- en una posición privilegiada gracias a la fortaleza exhibida por su economía en los últimos ejercicios y a la existencia de un superávit presupuestario que servirá de colchón para «evitar un recorte de gastos en materia social».
Impuestos a la baja
El candidato socialista se comprometió a que durante su nuevo mandato no aumentará los impuestos e incluso apuntó que, «si es posible, habrá descensos». Entre las reformas de carácter económico que pretende abordar, citó la modificación del Impuesto de Sucesiones y, más importante aún, la desaparición del Impuesto de Patrimonio. Los entramados jurídicos de los que se benefician los contribuyentes con mayores recursos, a los que en teoría va dirigido, se han traducido en que este último tributo grava casi en exclusiva a las clases medias.
Zapatero desgranó ante el Congreso una a una la batería de medidas de carácter económico que pretende poner en marcha su Gobierno en los próximos cuatro años y que, en su mayor parte, son compromisos ya adquiridos en la campaña electoral. A sabiendas de que en algunas de las causas fundamentales de la crisis que se avecina el Ejecutivo español no tiene margen de maniobra -la evolución de los precios del petróleo y de los tipos de interés o la atonía de la demanda de los países vecinos, por ejemplo-, el líder socialista formuló iniciativas de perfil bajo cuyo impacto real es incierto.
Así, recordó que existe un compromiso electoral de devolución de 400 euros del IRPF a «pensionistas, asalariados y autónomos», que el nuevo Ejecutivo está dispuesto a aprobar en una de las primeras reuniónes del Consejo de Ministros. Con ello se pretende compensar, al menos parcialmente, la reducción de renta disponible que sufre buena parte de las familias como consecuencia del aumento de las cuotas de sus hipotecas. En la misma línea, pero con el añadido de mejorar la situación de los sectores más desfavorecidos, anunció notables incrementos del salario mínimo -pasará de los 600 euros actuales al mes a 800- y de las pensiones más bajas. En el caso de titulares de pensiones que tengan a su cónyuge a cargo, la cuantía se elevará de 658 a 850 euros, al tiempo que para los perceptores individuales pasará de 528 a 700 euros. Estas alzas se realizarán a lo largo de la legislatura.
Revés inmobiliario
España aporta a la crisis global un problema añadido, que es el derrumbe del sector inmobiliario. Por ello, el futuro presidente detalló también iniciativas en este terreno. Entre ellas, el compromiso de impulsar la construcción de 1,5 millones de viviendas de protección oficial durante los próximos cuatro años; mejorar el tratamiento fiscal en la rehabilitación de edificios; facilidades para la ampliación de los plazos de las hipotecas a las familias que atraviesen dificultades e impulso al aumento de la oferta de alquileres. Habrá también una aceleración en las licitaciones de las obras públicas -una medida demandada desde numerosos sectores para compensar el recorte de la actividad de construcción en el sector privado- y un plan de choque para absorber la destrucción de empleo que generará el sector inmobiliario. Habrá -añadió Rodríguez Zapatero- mayor flexibilidad en el subsidio de desempleo para este colectivo y también un programa de recolocaciones.
Por último, el candidato, que se comprometió en su comparecencia a hacer públicas las balanzas fiscales de España -para conocer cuánto aporta al sostenimiento del Estado cada comunidad y qué cantidades recibe a cambio-, se comprometió a emprender una reforma de la Administración para que gane en efectividad. Incluso, llegó a comprometerse a que las empresas verán reducido en un 30% el coste de los trámites que realizan con los estamentos públicos.
