SERVICIOS SOCIALES
La Diputación «profesionalizará» la acogida temporal de niños por familias preparadas
«Debemos ser capaces de que ningún chaval menor de seis años tenga que vivir en una residencia», dice Aburto El servicio tendrá una remuneración, «que no será un sueldo»
Exposición de dibujos sobre el acogimiento familiar. / NURIA GONZÁLEZ
Cuidar de un niño no es fácil, ni siquiera cuando se le ha visto nacer, y, si la acogida es temporal, despedirse de él resulta aún más complicado. La Diputación tiene claro, sin embargo, que esta es la mejor opción para los menores que, por distintos motivos, viven separados de sus padres. El II Plan de Infancia que aprobó ayer el Consejo de Gobierno hace una «apuesta decidida» por el acogimiento familiar con una novedosa iniciativa: el Departamento de Acción Social quiere formar un grupo «profesionalizado» de familias que estén disponibles para hacerse cargo de un niño «en cualquier momento».
Esto exige «un compromiso muy grande» de las personas implicadas, destacó el diputado Juan María Aburto. Recordó que esta experiencia «no tiene nada que ver con la adopción» porque, aunque cada caso es distinto, el objetivo es que los pequeños vuelvan a vivir con sus padres. Además de altruismo, hace falta estar «muy preparado» para asumir el doble reto de la convivencia y la despedida. El programa foral, que se pondrá en marcha este mismo año, contempla sesiones formativas y «una remuneración» que todavía no se ha concretado. «No será un sueldo», aclaró el diputado. Esto supone un paso más en la promoción del acogimiento familiar que se puso en marcha hace diez años, y que ya incluye ayudas económicas para cubrir gastos de los pequeños.
De los mil menores atendidos por la Diputación, 629 viven en residencias, y entre ellos ya son mayoría los inmigrantes. Otros 300 chavales están con sus tíos o abuelos y alrededor de un centenar han sido acogidos por personas con las que no les une el parentesco. La edad es un factor determinante. «Debemos ser capaces de que ningún niño con menos de seis años tenga que vivir en una residencia», enfatizó Aburto. Un empeño que se redobla con los que todavía no han cumplido los tres, que disponen de un hogar foral específico con 20 plazas.
Ahora están ocupadas 19. En el centro de Dolaretxe no les faltan cuidados ni juguetes, pero los responsables forales quieren garantizarles un ambiente familiar en una etapa tan importante en su desarrollo. En mayo lanzarán una campaña «potente» para potenciar y «diversificar» el acogimiento familiar, de forma que los ciudadanos tengan distintas opciones para colaborar: además del grupo «profesionalizado», se van a impulsar los acogimientos de urgencia o de corta duración, los de niños con necesidades especiales y, por primera vez, los de menores inmigrantes. Otro programa prestará apoyo a los tíos o abuelos que cambian de papel y asumen la responsabilidad de velar por los pequeños. Los expertos les ofrecerán formación para abordar situaciones conflictivas.
Del riesgo al desamparo
El Plan de Infancia, que estará en vigor hasta 2011, dedica otro apartado a evaluar las «necesidades emergentes» en los servicios sociales, «un ámbito cambiante». Por ejemplo, el «incremento constante» de menores inmigrantes, que ya son 356 en Vizcaya, y la necesidad de fomentar programas de emancipación. Otra realidad es la de los menores de catorce años que se convierten en infractores, y los problemas de comportamiento que obligarán a abrir dispositivos específicos para no deteriorar la convivencia en las residencias. Este año está previsto poner en marcha el primer centro para chavales que agreden a sus familiares.
Para estar alerta ante estos y otros fenómenos, el plan apuesta por reforzar la coordinación con el sistema educativo y el ámbito sanitario, mediante protocolos que permitan detectar desde el primer momento casos de desprotección o maltrato. La colaboración se extenderá a la Fiscalía y a los ayuntamientos, que son la puerta de acceso a los servicios sociales. Los municipios y la Diputación trabajarán con «criterios unificados de valoración» para determinar con claridad «si estamos ante una situación de riesgo o si ha pasado a ser un caso de desamparo o desprotección», concluyó Aburto.
Esto exige «un compromiso muy grande» de las personas implicadas, destacó el diputado Juan María Aburto. Recordó que esta experiencia «no tiene nada que ver con la adopción» porque, aunque cada caso es distinto, el objetivo es que los pequeños vuelvan a vivir con sus padres. Además de altruismo, hace falta estar «muy preparado» para asumir el doble reto de la convivencia y la despedida. El programa foral, que se pondrá en marcha este mismo año, contempla sesiones formativas y «una remuneración» que todavía no se ha concretado. «No será un sueldo», aclaró el diputado. Esto supone un paso más en la promoción del acogimiento familiar que se puso en marcha hace diez años, y que ya incluye ayudas económicas para cubrir gastos de los pequeños.
De los mil menores atendidos por la Diputación, 629 viven en residencias, y entre ellos ya son mayoría los inmigrantes. Otros 300 chavales están con sus tíos o abuelos y alrededor de un centenar han sido acogidos por personas con las que no les une el parentesco. La edad es un factor determinante. «Debemos ser capaces de que ningún niño con menos de seis años tenga que vivir en una residencia», enfatizó Aburto. Un empeño que se redobla con los que todavía no han cumplido los tres, que disponen de un hogar foral específico con 20 plazas.
Ahora están ocupadas 19. En el centro de Dolaretxe no les faltan cuidados ni juguetes, pero los responsables forales quieren garantizarles un ambiente familiar en una etapa tan importante en su desarrollo. En mayo lanzarán una campaña «potente» para potenciar y «diversificar» el acogimiento familiar, de forma que los ciudadanos tengan distintas opciones para colaborar: además del grupo «profesionalizado», se van a impulsar los acogimientos de urgencia o de corta duración, los de niños con necesidades especiales y, por primera vez, los de menores inmigrantes. Otro programa prestará apoyo a los tíos o abuelos que cambian de papel y asumen la responsabilidad de velar por los pequeños. Los expertos les ofrecerán formación para abordar situaciones conflictivas.
Del riesgo al desamparo
El Plan de Infancia, que estará en vigor hasta 2011, dedica otro apartado a evaluar las «necesidades emergentes» en los servicios sociales, «un ámbito cambiante». Por ejemplo, el «incremento constante» de menores inmigrantes, que ya son 356 en Vizcaya, y la necesidad de fomentar programas de emancipación. Otra realidad es la de los menores de catorce años que se convierten en infractores, y los problemas de comportamiento que obligarán a abrir dispositivos específicos para no deteriorar la convivencia en las residencias. Este año está previsto poner en marcha el primer centro para chavales que agreden a sus familiares.
Para estar alerta ante estos y otros fenómenos, el plan apuesta por reforzar la coordinación con el sistema educativo y el ámbito sanitario, mediante protocolos que permitan detectar desde el primer momento casos de desprotección o maltrato. La colaboración se extenderá a la Fiscalía y a los ayuntamientos, que son la puerta de acceso a los servicios sociales. Los municipios y la Diputación trabajarán con «criterios unificados de valoración» para determinar con claridad «si estamos ante una situación de riesgo o si ha pasado a ser un caso de desamparo o desprotección», concluyó Aburto.
