Los sindicatos explican que se están «externalizando servicios como atención telefónica, información, atención a grupos, movimientos de obras, etc...», creándose así «un Prado paralelo, sin derechos laborales».
Hablan en concreto de la formalización de contratos temporales con porcentajes inferiores al 60% de la jornada, en el marco de una «situación permanente de conflictividad laboral» desde 2007, en que se inauguró la ampliación.







