
La patronal de la construcción Uneca había reclamado al Consistorio que autorizara en el menor plazo de tiempo posible el incremento extraordinario de las viviendas de VPO prometida por el Gobierno para, de esta forma, poder aplicarla de manera inmediata. Y es que EL CORREO desveló el martes que la consejería dirigida por Javier Madrazo aprobará en las próximas semanas una orden que dará luz verde a un aumento en el coste de las casas protegidas, al que deberá sumarse la actualización anual de la inflación. Al final, las viviendas se encarecerán hasta un 7%.
Los constructores alegan que tras la entrada en vigor del Código Ético de Edificación, la obligación de levantar los bloques equipados con placas solares y otros materiales que mitiguen el ruido provoca que los pisos suban, según sus cálculos, hasta un 8,2%. A la vista de estas demandas, el Ejecutivo autónomo ha autorizado el aumento tras reunirse con las patronales de la construcción de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
La propuesta de Madrazo contempla unos precios máximos en función del tipo de piso que, en ningún caso, se van a aplicar en Vitoria, como anunció ayer el alcalde Patxi Lazcoz. «Hay márgenes suficientes» de beneficio, sentenció el regidor socialista. «Lo que ha hecho el Gobierno me parece correcto, pero no todas las situaciones son iguales o equiparables. Establece unos topes, pero no obliga a los ayuntamientos ni en su caso a las diputaciones a aplicarlos», explicó.
Coste de los pisos
Por ello, Lazcoz señaló que las viviendas de protección oficial de 45 metros cuadros que se levanten en la capital alavesa costarán 62.000 euros, frente al máximo autorizado por el Gobierno vasco de 71.000 euros. Las de 60 metros seguirán a 83.000 euros, 11.000 euros menos que el tope del departamento de Madrazo; las de 75 metros supondrán un desembolso de 103.800, frente a los 114.000 permitidos; y las de 90 metros cuadrados valdrán 123.500, mil menos que hasta ahora. «No estamos hablando de grandes diferencias, pero para muchas familias pagar 11.000 euros más es mucho. ¿Por qué este aumento del beneficio lo tendrían que costear las familias?», se preguntó.
El presidente de la Corporación avaló su argumento contrario a las pretensiones de los constructores en el hecho de que «no se hace política de protección oficial para que otros consigan más beneficios». Lazcoz subrayó que por cada parcela que sale a concurso «hay quince empresas detrás y sacan un beneficio razonable. Sé que con esta medida no voy a ganar muchos adeptos, pero tiene que ser así», se sinceró el alcalde.









