La propuesta, ideada por el grupo de Aralar en las Juntas Generales, fue debatida ayer en la comisión de Asuntos Sociales y todos los grupos aprobaron por unanimidad dar el primer paso para llevarla a cabo. Decidieron realizar un estudio para comprobar que esta doble solución es viable. «No sería oportuno aprobar el inicio de un proceso tan complejo sin conocer el mapa de situación al que nos enfrentamos», argumento Jon Sánchez, apoderado del PNV en Juntas. «Se trata de cuantificar las viviendas que quedarían disponibles y saber cuántas personas de las que quieren una plaza residencial estarían dispuestas a ceder su casa y en qué condiciones. Con esos datos en la mano, será el momento de proponer medidas concretas para que no nos quedemos en un simple brindis al sol», añadió.
Desde Aralar, impulsores del plan, observaron que «la edad media de nuestra sociedad va aumentando, los mayores son cada vez más y muchos de ellos, al intentar entrar en el sistema de residencias, se encuentran con que el coste puede superar los 1.200 euros mensuales, y esto deriva en que muchos deban hipotecarse». Con la propuesta, los mayores se quitarían esa carga y, a la vez, «lograríamos ampliar el parque foral de viviendas de alquiler para responder a la demanda de las rentas más bajas».
Desde el Gobierno foral son conscientes de que las viviendas que quedan vacías cuando un anciano no puede vivir de manera autónoma son un nicho importante «que hay que intentar movilizar». Pero los propios requisitos económicos del sistema de copago de residencias han sido una traba. «Muy pocos mayores ponían en alquiler su vivienda porque los ingresos generados pasaban a considerarse como nueva renta y se establecían nuevas cuantías de copago. O sea que poner en renta la casa sólo contribuía a incrementar el pago a realizar», explicó ayer el peneuvista Jon Sánchez.





