
LAS TRES PARTES
La jueza asume así un argumento que en la vista oral pusieron sobre la mesa las dos partes enfrentadas. El abogado que representa a los padres de los niños no dudó en decir que «los representantes de la Administración tienen posiblemente tanta culpa como el conductor», ya que en cinco años «no fueron capaces de poner un semáforo muy demandado por los ciudadanos» y después del atropello mortal actuaron en poco más de una semana, en medio de una fuerte polémica. Algo que también recuerda la sentencia, que hace hincapié en que el disco se instaló «poco después del accidente y con ocasión del mismo» en sustitución «del que existía hasta entonces unos metros más allá».
En concreto, aquel fatídico día el semáforo estaba situado a unos 25 metros del paso de cebra, un dato que también se puso de relieve en el juicio. No sólo lo mencionó el acusado, sino que un policía municipal reconoció que «podía inducir a error» para una persona no acostumbrada a circular por esa carretera. La jueza, en su relato de los hechos, alude a la «falta de atención» del conductor y a la «confusa señalización existente en la zona». Más adelante, añade que el acusado llegó a dudar si la señal estaba antes o después del paso de peatones, «una duda más que razonable teniendo en cuenta su inadecuada ubicación». Algo que quedó claro «al retirarlo poco tiempo después, lamentablemente con demasiado retraso desde que los vecinos denunciaran a las autoridades la situación».
En el Consejo de Distrito
Es el eco judicial de una polémica que hace dos años sacudió a las principales instituciones vizcaínas y que fue especialmente dura por su tremenda carga emotiva. Desde el primer día, todas las miradas se centraron en el Ayuntamiento y en la Diputación, que es la titular de la carretera donde ocurrió el accidente, la N-634. Las dos instituciones admitieron que hacía falta un semáforo en ese cruce y que estaban estudiando su colocación. Pero eso no convenció a los vecinos, que desempolvaron, entre otros escritos y reclamaciones, actas del Consejo de Distrito de Basurto del año 2000 en las que ya se aprobó esta medida de seguridad vial. En aquel momento, el presidente el consejo era Eusebio Melero, diputado de Obras Públicas cuando ocurrió el accidente. Durante una tensa comparecencia en las Juntas Generales, el responsable foral recordó que en aquella etapa se hicieron muchas actuaciones en la red viaria de Basurto, pero el semáforo de Montevideo se le «escapó. Se nos ha pasado a todos», añadió.
Melero, que aportó abundante documentación a los apoderados, extendió la responsabilidad al Ayuntamiento, que «no transmitió a la Diputación» la petición del semáforo; una demanda que figuraba en las últimas páginas del acta entre otras muchas reclamaciones. La entonces concejala de Circulación, Ibone Bengoetxea, fue junto al propio Melero quien más explicaciones tuvo que dar a los vecinos durante la crisis. PP y PSE pidieron la dimisión de ambos. La edil, que se incorporó al área en 2003, aseguró que conoció la reivindicación vecinal unos quince días antes del accidente, aunque reconoció que a las autoridades les faltó «celeridad». El alcalde también asumió el «error» y aun después del juicio ha vuelto a pedir perdón a la familia.
A la Diputación la demanda del semáforo le llegó oficialmente en 2001. El PP reclamó la «urgente adecuación» del cruce de Montevideo en una enmienda a los presupuestos forales que fue desestimada. Y luego entró en escena Bilbao Ría 2000, lo que acabó de encender la polémica institucional. Durante su comparecencia en las Juntas, Melero reveló que la Diputación pidió a la sociedad pública que instalara la señal luminosa en 2002 dentro del plan de reordenación de Basurto ante la llegada del tranvía, «pero decidieron eliminarlo».
Ese mismo día, Ría 2000 mostró su sorpresa por las declaraciones del diputado, pero rectificó y acabó asumiéndolas. Mientras los vecinos expresaban su hartazgo en la calle, el ambiente en las instituciones se enrareció y el diputado general, José Luis Bilbao, tuvo que comparecer en las Juntas Generales para negar presiones sobre la sociedad de gestión urbanística y cerrar la crisis. Con el tiempo, los ánimos se calmaron, aunque algunas cosas han cambiado para siempre. Los grupos junteros empezaron a reunirse a puerta cerrada para planificar mejoras en seguridad vial, 'pequeñas' actuaciones que antes pasaban más desapercibidas entre las grandes infraestructuras. También se ha acelerado el traspaso de las carreteras forales a los ayuntamientos.





