ARTÍCULOS
Consenso lingüístico
13.04.08 -
JESÚS FERRERO
Educación se ha creado un callejón sin salida al dictar por decreto la 'principalidad' del euskera en la enseñanza vasca, relegando el castellano a un papel subsidiario, y al exigir al final de la ESO un nivel de conocimiento práctico de la lengua vasca que apenas es capaz de alcanzar el alumnado vascoparlante de las zonas más vascófonas del País Vasco. El consejero ha defendido su norma en función de la legitimidad del Gobierno y del supuesto apoyo de la comunidad educativa. Pero esta base política y social se resiente cuando se observa su contradicción con una legislación de mayor rango y mayor consenso como es la constituida por la Ley de Normalización y la Ley de Escuela Pública.
En privado son muchos, incluso entre los que avalan ese decreto gubernamental, los que consideran un error fijar por decreto la preminencia del euskera con un nivel de exigencia imposible, que ya fue cuestionado incluso por el Consejo Escolar de Euskadi cuando emitió su informe preceptivo. La mayoría de los profesionales de la educación creemos que este ámbito debe ser un terreno para el consenso y el acuerdo. Por eso, debemos recordar cómo se lograron los acuerdos sobre los que se desarrolla el pacto de convivencia lingüística alcanzado en el Estatuto de Gernika en 1978 con la proclamación del euskera como lengua propia y su cooficialidad con el castellano.
Estos acuerdos son, por un lado, la Ley de Normalización del uso del euskera de 1982 y, por otro, en el ámbito educativo, la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993, que vino precedida, un año antes, de un Acuerdo político para el Pacto Escolar firmado por PNV, PSE y EE. Resulta pertinente recordar que en 1980 el Parlamento vasco tenía 60 representantes (20 por territorio), 15 menos que los actuales (25 por territorio). La composición del Parlamento que aprobó la Ley de Normalización era: PNV: 25, HB: 11; PSOE: 9; EE: 6; UCD: 6; AP: 2 y PCE: 1. La aprobación de la ley contó con el apoyo de PNV, PSOE, EE, UCD y PCE. HB no participaba en el Parlamento para no legitimar el Estatuto y el marco jurídico estatutario. El PNV, con la ausencia de HB, contaba con mayoría absoluta con sus 25 parlamentarios y sin embargo buscó el acuerdo: 47 votos sobre 60 (el 78% de la Cámara) o 47 votos sobre 49 presentes si se prescinde de HB, es decir, el 95% de los presentes. Toda una referencia básica y un reto a la hora de plantearse cualquier modificación de esta ley que en su artículo 15 «reconoce a todo alumno el derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos».
Fue un acuerdo transversal, un acuerdo entre diferentes maneras de sentirse vasco gracias al cual se ha conseguido llegar entre otras cosas a que la mitad de los jóvenes menores de 25 años conozcan el euskera y a que el euskera tenga el mayor número de hablantes de toda su historia; se ha conseguido que del 5% de profesorado vascoparlante pase a tener en la red pública un 75% y en la privada concertada un 65%. No se pueden entender los logros alcanzados sin la trama de acuerdos que los sustentan.
En 1993, la Ley de la Escuela Pública Vasca se aprueba con el voto de PNV, PSE y EE, es decir, de 44 parlamentarios que representan casi el 60% de una Cámara (más del 70% de los parlamentarios presentes, puesto que los 13 de HB siguen sin asistir) que había incrementado sus escaños hasta los 75. Actualmente, el Gobierno tripartito junto con EA y Aralar, incluso con los votos de EHAK no puede soñar con unas mayorías similares. El nivel de transversalidad o de acuerdo entre diferentes también quedaría tocado.
¿Se puede diseñar así una política lingüística y educativa? El objetivo de una mayor cohesión social, propio de cualquier sistema educativo que se precie y de cualquier política lingüística sensata, se alejaría sustancialmente si se continúa en la idea de conseguir un apoyo simple, en lugar de ir a reeditar los consensos anteriores. Resulta preocupante que algunos responsables de Educación se conformen con la mayoría política que apoyó la investidura del lehendakari y sustituyan un consenso con mayoría cualificada por un acuerdo de mayoría simple. No porque carezca de legitimidad, sino porque representaría un paso atrás y profundiza en la fractura y en la división social de este país. Si hay que actualizar las políticas lingüísticas y educativas, hay que partir de puntos de encuentro entre diferentes. Hay que partir de la consideración del euskera como patrimonio común de todos los vascos y un factor de integración, no de exclusión, de la sociedad. Hay que avanzar desde la consideración de los derechos referidos a los hablantes, lo sean del euskera o del castellano, sin que nadie pueda ser objeto de discriminación por razones lingüísticas.
Hay que recordar que la situación minoritaria del euskera precisa de medidas positivas de apoyo, pero no planes que la ponen en riesgo en un futuro. La política de hechos consumados a través de decreto convierte al euskera en un factor de confrontación, y lo debilita; da lugar a la judicialización de procesos que debieran estar caracterizados por su estabilidad, y a desafectos (o afectos fingidos) que no van a incrementar el número de hablantes de esta lengua. No sería aceptable volver a la situación anterior al 78 en la que la única lengua vehicular del sistema educativo era el castellano. Por eso, es necesario dar margen a los centros para que, en función de su proyecto lingüístico particular, puedan conseguir el conocimiento práctico de ambas lenguas oficiales, y eso probablemente pasa por que en ambas lenguas se produzcan aprendizajes significativos. Pese a la política de esta Consejería, hoy estamos en mejores condiciones de lograr este objetivo. Faltan recursos, pero mucho peor que esta escasez es la eliminación de la única vía de avance: consenso, consenso y consenso.
En privado son muchos, incluso entre los que avalan ese decreto gubernamental, los que consideran un error fijar por decreto la preminencia del euskera con un nivel de exigencia imposible, que ya fue cuestionado incluso por el Consejo Escolar de Euskadi cuando emitió su informe preceptivo. La mayoría de los profesionales de la educación creemos que este ámbito debe ser un terreno para el consenso y el acuerdo. Por eso, debemos recordar cómo se lograron los acuerdos sobre los que se desarrolla el pacto de convivencia lingüística alcanzado en el Estatuto de Gernika en 1978 con la proclamación del euskera como lengua propia y su cooficialidad con el castellano.
Estos acuerdos son, por un lado, la Ley de Normalización del uso del euskera de 1982 y, por otro, en el ámbito educativo, la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993, que vino precedida, un año antes, de un Acuerdo político para el Pacto Escolar firmado por PNV, PSE y EE. Resulta pertinente recordar que en 1980 el Parlamento vasco tenía 60 representantes (20 por territorio), 15 menos que los actuales (25 por territorio). La composición del Parlamento que aprobó la Ley de Normalización era: PNV: 25, HB: 11; PSOE: 9; EE: 6; UCD: 6; AP: 2 y PCE: 1. La aprobación de la ley contó con el apoyo de PNV, PSOE, EE, UCD y PCE. HB no participaba en el Parlamento para no legitimar el Estatuto y el marco jurídico estatutario. El PNV, con la ausencia de HB, contaba con mayoría absoluta con sus 25 parlamentarios y sin embargo buscó el acuerdo: 47 votos sobre 60 (el 78% de la Cámara) o 47 votos sobre 49 presentes si se prescinde de HB, es decir, el 95% de los presentes. Toda una referencia básica y un reto a la hora de plantearse cualquier modificación de esta ley que en su artículo 15 «reconoce a todo alumno el derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos».
Fue un acuerdo transversal, un acuerdo entre diferentes maneras de sentirse vasco gracias al cual se ha conseguido llegar entre otras cosas a que la mitad de los jóvenes menores de 25 años conozcan el euskera y a que el euskera tenga el mayor número de hablantes de toda su historia; se ha conseguido que del 5% de profesorado vascoparlante pase a tener en la red pública un 75% y en la privada concertada un 65%. No se pueden entender los logros alcanzados sin la trama de acuerdos que los sustentan.
En 1993, la Ley de la Escuela Pública Vasca se aprueba con el voto de PNV, PSE y EE, es decir, de 44 parlamentarios que representan casi el 60% de una Cámara (más del 70% de los parlamentarios presentes, puesto que los 13 de HB siguen sin asistir) que había incrementado sus escaños hasta los 75. Actualmente, el Gobierno tripartito junto con EA y Aralar, incluso con los votos de EHAK no puede soñar con unas mayorías similares. El nivel de transversalidad o de acuerdo entre diferentes también quedaría tocado.
¿Se puede diseñar así una política lingüística y educativa? El objetivo de una mayor cohesión social, propio de cualquier sistema educativo que se precie y de cualquier política lingüística sensata, se alejaría sustancialmente si se continúa en la idea de conseguir un apoyo simple, en lugar de ir a reeditar los consensos anteriores. Resulta preocupante que algunos responsables de Educación se conformen con la mayoría política que apoyó la investidura del lehendakari y sustituyan un consenso con mayoría cualificada por un acuerdo de mayoría simple. No porque carezca de legitimidad, sino porque representaría un paso atrás y profundiza en la fractura y en la división social de este país. Si hay que actualizar las políticas lingüísticas y educativas, hay que partir de puntos de encuentro entre diferentes. Hay que partir de la consideración del euskera como patrimonio común de todos los vascos y un factor de integración, no de exclusión, de la sociedad. Hay que avanzar desde la consideración de los derechos referidos a los hablantes, lo sean del euskera o del castellano, sin que nadie pueda ser objeto de discriminación por razones lingüísticas.
Hay que recordar que la situación minoritaria del euskera precisa de medidas positivas de apoyo, pero no planes que la ponen en riesgo en un futuro. La política de hechos consumados a través de decreto convierte al euskera en un factor de confrontación, y lo debilita; da lugar a la judicialización de procesos que debieran estar caracterizados por su estabilidad, y a desafectos (o afectos fingidos) que no van a incrementar el número de hablantes de esta lengua. No sería aceptable volver a la situación anterior al 78 en la que la única lengua vehicular del sistema educativo era el castellano. Por eso, es necesario dar margen a los centros para que, en función de su proyecto lingüístico particular, puedan conseguir el conocimiento práctico de ambas lenguas oficiales, y eso probablemente pasa por que en ambas lenguas se produzcan aprendizajes significativos. Pese a la política de esta Consejería, hoy estamos en mejores condiciones de lograr este objetivo. Faltan recursos, pero mucho peor que esta escasez es la eliminación de la única vía de avance: consenso, consenso y consenso.
