ARTÍCULOS
Demasiada distancia
El problema no está en que el nacionalismo haya dado por muerto el Estatuto de Gernika, sino en que ha dado por agotado el modelo estatutario mismo
13.04.08 -
El PNV ha quedado decepcionado del debate de investidura. La respuesta de Zapatero a la intervención de su portavoz no fue la que esperaba, sino que le resultó, cuando menos, fría y displicente. Los jeltzales achacan esta actitud a intereses de carácter electoral. Zapatero estaría contribuyendo, con su falta de compromiso, a que sus compañeros vascos repitieran victoria en las próximas elecciones autonómicas. No puede excluirse que, en la postura del nuevo presidente, haya influido un cálculo de intereses de este tipo. Pero se equivocaría el PNV si este análisis que sirve puertas afuera lo asumiera también puertas adentro.
Porque, más allá de ésta coyuntural, hay otras razones de orden estructural que habrían de incorporarse a cualquier explicación rigurosa del comportamiento de Zapatero. La principal consiste en la insalvable distancia que hoy separa las posiciones nacionalistas de las socialistas. El presidente sabe que cualquier intento suyo de aproximación entre ambas no sería, en estos momentos, más que un paso en falso.
El problema no está en que los nacionalistas vascos hayan dado por agotado el Estatuto de Gernika. Esto podría arreglarse con una reforma. El problema radica en que han dado por agotado el actual modelo estatutario mismo. Su insistencia en que nunca aceptarán lo que ha ocurrido en Cataluña -el ya famoso «cepillado» del que habló Alfonso Guerra- da una pista de cuál es su pensamiento. Lo que no están dispuestos a aceptar es un nuevo pacto estatutario cuyo cumplimiento quede, si no en teoría, sí, al menos, de hecho, en manos de una sola de las partes.
El único nuevo Estatuto que podría resultarles aceptable sería aquel que, desde su aprobación hasta su desarrollo, estuviera basado en la más estricta y respetuosa bilateralidad. Repasemos, para dar un contenido más concreto a esta afirmación, las palabras que portavoces autorizados del nacionalismo vienen pronunciando a este respecto en los últimos tiempos.
Las más contundentes son, sin duda, las del lehendakari. «Euskadi no es una parte subordinada de España» constituye quizá la afirmación que con mayor precisión resume su pensamiento. De ella emanan todos los planes que viene presentando, desde el Nuevo Estatuto Político de diciembre de 2003 hasta la 'hoja de ruta' de septiembre de 2007. La idea del pacto «de igual a igual», sustentado en la capacidad unilateral de decisión o, dicho más claramente, en la autodeterminación, está en la base de todas sus propuestas.
Las declaraciones de otros líderes jeltzales, aunque más matizadas en su formulación o menos hirientes a oídos españolistas, ocultan o revelan posiciones similares. Incluso el «no imponer-no impedir» de Josu Jon Imaz, o su «cofre con dos llaves», apuntan en la misma dirección, por más que supongan mayor elaboración mental y ofrezcan, en principio, más margen a la transacción.
En todas ellas subyace un mínimo común denominador que marca el umbral por debajo del cual el nacionalismo no estaría dispuesto a rebajar sus actuales aspiraciones. Por encima de ese umbral, y no por debajo de él, está también la ambigua propuesta que viene adelantando estos últimos días Iñigo Urkullu en orden a alcanzar «un pacto singular» con el Estado.
Ahora bien, el concepto de bilateralidad, entendido en términos igualitarios, es difícilmente compatible con el actual Estado autonómico constitucional. Trastoca la relación jerárquica que está establecida entre los poderes territoriales e introduce una cuña confederal en un Estado al que ya le resulta políticamente problemático definirse como federal.
El nacionalismo lo sabe, y algunos de sus líderes hacen, por ello, ímprobos esfuerzos por encajar sus propuestas en el marco de la actual Constitución.
Apelan, por ejemplo, a la excepcionalidad que a los territorios forales concede la Disposición Adicional Primera de aquella y ponen como precedente de su aplicación el Concierto Económico. El nacionalismo vasco actual se daría por satisfecho -y saldría, a la vez, del embrollo en que está metido- si se aceptara, al menos como propuesta para un debate operativo, que la bilateralidad paritaria que hoy se da, a través del Concierto, en el ámbito económico-financiero pudiera extenderse a todo el ámbito político que abarcaría el nuevo Estatuto. Ése es, creo yo, el umbral por debajo del cual no le resultaría aceptable al nacionalismo del PNV ningún acuerdo.
El problema es si puede Zapatero atreverse a dar este paso sin poner en riesgo la legislatura y hasta su propia estabilidad. Se trata, por tanto, de una cuestión, antes incluso que de constitucionalidad, de prudencia política. El nacionalismo cree que hoy es posible lo que pudo hacerse en 1978. La historia ha caminado, sin embargo, más en su contra que a su favor.
La pregunta es, en efecto, cómo va hoy a conseguir el PNV, en un sistema ya consolidado y normalizado, lo que no pudo alcanzar en la situación de precariedad y excepcionalidad que supuso la Transición.
j.l.zubizarreta@diario-elcorreo.com
Porque, más allá de ésta coyuntural, hay otras razones de orden estructural que habrían de incorporarse a cualquier explicación rigurosa del comportamiento de Zapatero. La principal consiste en la insalvable distancia que hoy separa las posiciones nacionalistas de las socialistas. El presidente sabe que cualquier intento suyo de aproximación entre ambas no sería, en estos momentos, más que un paso en falso.
El problema no está en que los nacionalistas vascos hayan dado por agotado el Estatuto de Gernika. Esto podría arreglarse con una reforma. El problema radica en que han dado por agotado el actual modelo estatutario mismo. Su insistencia en que nunca aceptarán lo que ha ocurrido en Cataluña -el ya famoso «cepillado» del que habló Alfonso Guerra- da una pista de cuál es su pensamiento. Lo que no están dispuestos a aceptar es un nuevo pacto estatutario cuyo cumplimiento quede, si no en teoría, sí, al menos, de hecho, en manos de una sola de las partes.
El único nuevo Estatuto que podría resultarles aceptable sería aquel que, desde su aprobación hasta su desarrollo, estuviera basado en la más estricta y respetuosa bilateralidad. Repasemos, para dar un contenido más concreto a esta afirmación, las palabras que portavoces autorizados del nacionalismo vienen pronunciando a este respecto en los últimos tiempos.
Las más contundentes son, sin duda, las del lehendakari. «Euskadi no es una parte subordinada de España» constituye quizá la afirmación que con mayor precisión resume su pensamiento. De ella emanan todos los planes que viene presentando, desde el Nuevo Estatuto Político de diciembre de 2003 hasta la 'hoja de ruta' de septiembre de 2007. La idea del pacto «de igual a igual», sustentado en la capacidad unilateral de decisión o, dicho más claramente, en la autodeterminación, está en la base de todas sus propuestas.
Las declaraciones de otros líderes jeltzales, aunque más matizadas en su formulación o menos hirientes a oídos españolistas, ocultan o revelan posiciones similares. Incluso el «no imponer-no impedir» de Josu Jon Imaz, o su «cofre con dos llaves», apuntan en la misma dirección, por más que supongan mayor elaboración mental y ofrezcan, en principio, más margen a la transacción.
En todas ellas subyace un mínimo común denominador que marca el umbral por debajo del cual el nacionalismo no estaría dispuesto a rebajar sus actuales aspiraciones. Por encima de ese umbral, y no por debajo de él, está también la ambigua propuesta que viene adelantando estos últimos días Iñigo Urkullu en orden a alcanzar «un pacto singular» con el Estado.
Ahora bien, el concepto de bilateralidad, entendido en términos igualitarios, es difícilmente compatible con el actual Estado autonómico constitucional. Trastoca la relación jerárquica que está establecida entre los poderes territoriales e introduce una cuña confederal en un Estado al que ya le resulta políticamente problemático definirse como federal.
El nacionalismo lo sabe, y algunos de sus líderes hacen, por ello, ímprobos esfuerzos por encajar sus propuestas en el marco de la actual Constitución.
Apelan, por ejemplo, a la excepcionalidad que a los territorios forales concede la Disposición Adicional Primera de aquella y ponen como precedente de su aplicación el Concierto Económico. El nacionalismo vasco actual se daría por satisfecho -y saldría, a la vez, del embrollo en que está metido- si se aceptara, al menos como propuesta para un debate operativo, que la bilateralidad paritaria que hoy se da, a través del Concierto, en el ámbito económico-financiero pudiera extenderse a todo el ámbito político que abarcaría el nuevo Estatuto. Ése es, creo yo, el umbral por debajo del cual no le resultaría aceptable al nacionalismo del PNV ningún acuerdo.
El problema es si puede Zapatero atreverse a dar este paso sin poner en riesgo la legislatura y hasta su propia estabilidad. Se trata, por tanto, de una cuestión, antes incluso que de constitucionalidad, de prudencia política. El nacionalismo cree que hoy es posible lo que pudo hacerse en 1978. La historia ha caminado, sin embargo, más en su contra que a su favor.
La pregunta es, en efecto, cómo va hoy a conseguir el PNV, en un sistema ya consolidado y normalizado, lo que no pudo alcanzar en la situación de precariedad y excepcionalidad que supuso la Transición.
j.l.zubizarreta@diario-elcorreo.com
