ÁLAVA
PSE y PNV se unen para pedir a Sanidad que pague la «totalidad» del gasto en geriátricos
El PP se desmarca del acuerdo apoyado por todos los grupos de las Juntas al tacharlo de «insuficiente» por no incluir cantidades
15.04.08 -
RESIDENCIAS. La nueva propuesta amplía el cuidado a los dependientes de toda edad. / EL CORREO
DATOS DE INTERÉS
El PSE y el PNV volvieron a escenificar ayer su sintonía al impulsar en las Juntas Generales una iniciativa para solicitar al Gobierno vasco que financie la «totalidad» del gasto sanitario de la red foral de geriátricos, una competencia de Sanidad pero que en la práctica lleva años sufragando la Diputación. El acuerdo no es baladí porque supone el desbloqueo de una situación que ha desencadenado continuas desavenencias entre los Ejecutivos vasco y alavés.
El texto transaccionado contó con el apoyo de todos los grupos, salvo del PP. La juntera Ana Morales denunció que este nuevo acuerdo entre socialistas y peneuvistas «pretende lavar la cara al Ejecutivo vasco». Los populares volvieron a considerar «insuficientes» las cantidades de las que se habló en el debate y que finalmente, no se reflejaron sobre el papel, pese a que la moción inicial de los socialistas exigía 4,2 millones anuales, una cifra que es fruto, según la procuradora Cristina González, «de ochos años de la sequía presupuestaria» que ha sufrido Álava.
El hecho de no incluir cuantías concretas podría suponer, pese a la voluntad política expresada ayer, un nuevo fracaso negociador con Lakua. No hay que olvidar que Sanidad sólo llegó a ofrecer 900.000 euros al año en el marco de un acuerdo que a su juicio recogía «lo mejor» de los ya suscritos con Guipúzcoa y Vizcaya. Entonces, la holgada mayoría con la cuentan en las Juntas populares y socialistas (29 de 51 junteros) bastó para rechazar el convenio que a principios de año llevó a la Cámara territorial la diputada de Política Social, Covadonga Solaguren. ¿El motivo? Que las cantidades manejadas eran «migajas» o «vergonzosas».
La situación sufrió ayer un giro inesperado, en especial, por parte del PNV. Y es que fueron los jeltzales quienes incluyeron el término «totalidad» y además, hicieron referencia a los gastos médicos y de enfermería de «todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su edad». Por contra, la no inclusión de cantidades -como sí quería el PSE-EE- llevará a una nueva negociación con Lakua para acordar los ratios de profesionales que son necesarios para cubrir el servicio. Sanidad considera que puede prestarse con la misma calidad que ahora pero con menos personas.
16 millones en Guipúzcoa
Sea como fuere, se abre una nueva etapa que por fin podría derivar en un convenio de atención sociosanitaria en residencias que ya ha reportado a Guipúzcoa 16,5 millones de euros desde 1994 -sólo en 2007 percibió 3,2-. Vizcaya, por su parte, se sumó al acuerdo el pasado año, y recibió del Gobierno vasco dos millones.
En este escenario, la moción aprobada ayer en las Juntas también insta a la Diputación y al Ejecutivo autónomo a «consensuar la recuperación» de las cantidades perdidas el pasado año. A priori, también afectarían a la «totalidad» del gasto, pero en el debate, la portavoz del PNV, aseguró que «no hay posibilidad de recuperarlo».
Desde las filas del PP, Ana Morales reiteró sus críticas hacia la propuesta de convenio presentada en las Juntas a principios de este año al señalar que los 900.000 euros ofertados por el Gobierno vasco fueron «fruto de la dejación de la defensa de los intereses de Álava» del Gabinete Agirre. En este sentido, exigió que se recupere parte del dinero que se ha dejado de ingresar desde 1994 y que el anterior equipo de gobierno de Rabanera (PP) cifró en seis millones.
El texto transaccionado contó con el apoyo de todos los grupos, salvo del PP. La juntera Ana Morales denunció que este nuevo acuerdo entre socialistas y peneuvistas «pretende lavar la cara al Ejecutivo vasco». Los populares volvieron a considerar «insuficientes» las cantidades de las que se habló en el debate y que finalmente, no se reflejaron sobre el papel, pese a que la moción inicial de los socialistas exigía 4,2 millones anuales, una cifra que es fruto, según la procuradora Cristina González, «de ochos años de la sequía presupuestaria» que ha sufrido Álava.
El hecho de no incluir cuantías concretas podría suponer, pese a la voluntad política expresada ayer, un nuevo fracaso negociador con Lakua. No hay que olvidar que Sanidad sólo llegó a ofrecer 900.000 euros al año en el marco de un acuerdo que a su juicio recogía «lo mejor» de los ya suscritos con Guipúzcoa y Vizcaya. Entonces, la holgada mayoría con la cuentan en las Juntas populares y socialistas (29 de 51 junteros) bastó para rechazar el convenio que a principios de año llevó a la Cámara territorial la diputada de Política Social, Covadonga Solaguren. ¿El motivo? Que las cantidades manejadas eran «migajas» o «vergonzosas».
La situación sufrió ayer un giro inesperado, en especial, por parte del PNV. Y es que fueron los jeltzales quienes incluyeron el término «totalidad» y además, hicieron referencia a los gastos médicos y de enfermería de «todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su edad». Por contra, la no inclusión de cantidades -como sí quería el PSE-EE- llevará a una nueva negociación con Lakua para acordar los ratios de profesionales que son necesarios para cubrir el servicio. Sanidad considera que puede prestarse con la misma calidad que ahora pero con menos personas.
16 millones en Guipúzcoa
Sea como fuere, se abre una nueva etapa que por fin podría derivar en un convenio de atención sociosanitaria en residencias que ya ha reportado a Guipúzcoa 16,5 millones de euros desde 1994 -sólo en 2007 percibió 3,2-. Vizcaya, por su parte, se sumó al acuerdo el pasado año, y recibió del Gobierno vasco dos millones.
En este escenario, la moción aprobada ayer en las Juntas también insta a la Diputación y al Ejecutivo autónomo a «consensuar la recuperación» de las cantidades perdidas el pasado año. A priori, también afectarían a la «totalidad» del gasto, pero en el debate, la portavoz del PNV, aseguró que «no hay posibilidad de recuperarlo».
Desde las filas del PP, Ana Morales reiteró sus críticas hacia la propuesta de convenio presentada en las Juntas a principios de este año al señalar que los 900.000 euros ofertados por el Gobierno vasco fueron «fruto de la dejación de la defensa de los intereses de Álava» del Gabinete Agirre. En este sentido, exigió que se recupere parte del dinero que se ha dejado de ingresar desde 1994 y que el anterior equipo de gobierno de Rabanera (PP) cifró en seis millones.
