
El dueño explicó que su compañía es una subcontrata de FCC, empresa que sí tiene adjudicados trabajos de construcción de la 'Y', entre ellos el tramo Ordizia-Itsasondo -el más avanzado en Guipúzcoa- cuyas obras acaba de dar por iniciadas el Gobierno vasco. El responsable de la empresa insistió en que «nunca» ha trabajado para la 'Y' y que la máquina atacada estaba prevista para otras tareas.
Nadie reivindicó ayer el ataque contra la excavadora, pero la posibilidad de que fuera un acto de amedrentamiento contra las empresas vinculadas a la red de alta velocidad originó mensajes de condena y solidaridad por parte de diversos estamentos.
El delegado del Gobierno central en Euskadi, Paulino Luesma, expresó su «condena» y denominó «enemigos de la libertad» a los autores del acto violento. «Quienes se oponen al futuro y al desarrollo de nuestro país, quienes han decidido estar en contra de los verdaderos intereses y sentimientos de los ciudadanos vascos, recurren a la violencia, al chantaje y a la presión intolerable contra una infraestructura vital para el futuro de Euskadi», apuntó. Luesma advirtió a los autores de que «ningún acto violento quedará impune».
La presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa y el secretario general de los socialistas en el territorio se expresaron en términos similares. Rafaela Romero recordó que la 'Y vasca' cuenta con el aval de la Cámara foral y rechazó «las amenazas y los atentados que los terroristas» realizan a las empresas implicadas en su desarrollo. Miguel Buen, por su parte, reclamó a «todas las instituciones vascas» que hagan público su «nítido apoyo» al proyecto y consideró que los «radicales abertzales sólo representan la destrucción». El PP también se sumó a las declaraciones de condena. El parlamentario Borja Semper exigió un pronunciamiento a las instituciones vascas, entre ellas al Ejecutivo autónomo, ya que, a su juicio, quienes atentan contra el TAV «no sólo lo hacen contra un medio de transporte, sino que atacan a nuestra sociedad, a nuestros empresarios y trabajadores». La patronal guipuzcoana, Adegi, por su parte, condenó «enérgicamente» el «acoso, amenazas y sabotajes» que sufren las empresas vinculadas a la 'Y'.
Encierro en Eskoriatza
El plataforma que agrupa a los colectivos contrarios al tren de alta velocidad anunció ayer, de otro lado, que ha conseguido reunir 2.100 alegaciones contra el proceso de expropiación de terrenos en las localidades de Ordizia, Itsasondo y otros municipios vecinos, afectados por el primer tramo de la 'Y' vasca que se impulsa en Guipúzcoa. Entre ellas, los portavoces de AHT Gelditu! remarcaron que se encuentran sendos recursos tramitados desde los Ayuntamientos de Itsasondo y Legorreta.
El proceso de adquisición forzosa de los terrenos se iniciará hoy con polémica en otra localidad guipuzcoana, Eskoriatza. Miembros de los colectivos anti-TAV se encerraron ayer en el Ayuntamiento, donde hoy se ha convocado a una parte de los propietarios para cerrar las expropiaciones.







