Precisamente, el Gobierno vasco presentó a principios de mes un estudio en el que se recoge que el 15,6% de los perceptores de renta básica podrían estar cobrando las ayudas de forma fraudulenta, datos en los que se basa la parlamentaria popular Arantza Quiroga junto a las denuncias de fraudes realizadas por varios ayuntamientos vascos para presentar la proposición no de ley. En su opinión, es «preciso» crear un servicio de inspección como consecuencia del aumento de los perceptores de ayudas.







