En el caso del anterior gestor de la fundación y miembro de la empresa que sustrajo el dinero, Ernesto Valle, la abogada reconoce que no se podrá recuperar ninguna cantidad, «porque ya fue a la cárcel por otro caso similar y no le debe quedar nada». En cambio, los otros dos socios habrían traspasado los bienes y propiedades a sus mujeres y familiares. De ser probado este punto, incluso los allegados del fallecido podrían tener que hacer frente a la cantidad demandada.
El juicio estuvo 10 años en fase de instrucción debido a la indefinición del juzgado en el que debía tramitarse y a la complejidad para obtener pruebas. El desfalco, que además de a la fundación afectó a 22 personas, asciende a 1,2 millones de euros, más los intereses.





