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VIZCAYA
Vigilancia privada para evitar nuevos episodios
16.04.08 -

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Vigilancia privada para evitar nuevos episodios
INTERVENCIÓN POLICIAL. Los ertzainas abandonan el edificio tras el desalojo. / LUIS CALABOR
Tras más de tres meses de ocupación, la Ertzaintza desalojó ayer por la mañana a los jóvenes que irrumpieron en los números cinco y seis de la calle Ribera de Bilbao. La operación, amparada por una orden judicial de carácter cautelar, se produjo entre las 10 y las 11.00 horas. Dotaciones de la Policía autonómica se desplazaron a la zona y, tras identificar a los moradores del edificio, les instaron a recoger sus enseres y abandonar el bloque. El desalojo se produjo sin altercado alguno. Fuentes de la promotora propietaria del inmueble aseguraron que la empresa contratará a dos vigilantes, tanto de día como de noche, para evitar que esta situación vuelva a producirse.

El inmueble permanecía ocupado desde el pasado 28 de diciembre, cuando medio centenar de jóvenes, en nombre del movimiento 'okupa' de Bilbao, lo invadieron a modo de protesta por la situación actual del mercado de la vivienda. La constructora inició entonces una batalla jurídica para conseguir desalojar a los jóvenes. El pasado 4 de marzo, veinte de los 'okupas' se vieron obligados a declarar ante el juez y posteriormente ofrecieron una rueda de prensa frente a los juzgados de Bilbao, en Jardines de Albia.

Los 'inquilinos' volvieron a proclamar que la razón que les llevó a irrumpir en el bloque fue, «por un lado, la necesidad de un piso para poder desarrollar un proyecto de vida digno y, por otro, denunciar el actual problema de la vivienda». Además, apuntaron haber «trabajado duro» en la rehabilitación y la limpieza del edificio de La Ribera.

Juicio abierto

Una vez escuchadas las versiones de ambas partes, el juez dictaminó el desalojo cautelar del inmueble. El caso, sin embargo, no está cerrado. La empresa se decantó por denunciar a los 'okupas' por la vía penal, por lo que se les acusa de un delito de usurpación de bienes, aún pendiente de sentencia. Los jóvenes podrían enfrentarse, en caso de recibir un fallo contrario, a varios meses de privación de libertad, que, por regla general, se convierten en arrestos domiciliarios, así como a una condena económica, que suele incluir, generalmente, los costes del proceso.
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