Como máximo órgano judicial autonómico, el TSJPV debe recibir el fallo del Supremo para trasladarlo al Parlamento y ordenar su cumplimiento, y, por lo tanto, también es competente para suspender su ejecución. En la práctica, esta decisión retrasaría durante un largo tiempo -posiblemente años- la aplicación de las inhabilitaciones, lo que garantizaría la permanencia de Kontxi Bilbao en la Mesa de la Cámara vasca, al menos, hasta el final de la actual legislatura.
Según explicó ayer la parlamentaria de EB, la defensa de los procesados tampoco descarta llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para ello, tomarían como base los votos particulares de los magistrados del Supremo que pedían aplicar la 'doctrina Botín' a este caso y consideraban que se han vulnerado derechos fundamentales.
Bilbao aseguró ayer que le cuesta entender «que, dentro del mismo tribunal, haya personas que vean evidente la culpa y les parezca hasta poca la condena, mientras que otros magistrados puedan ver que no hay ningún tipo de delito». Por ello, consideró que «la Justicia es tan interpretativa que crea desamparo e indefensión».







