Así se recoge en una iniciativa planteada por los populares en el Parlamento autónomo, tramitada después de lo ocurrido el martes en Eskoriatza. Un grupo de manifestantes impidió el acceso de los técnicos de Fomento al Ayuntamiento de la localidad para proceder a la firma de las expropiaciones de terrenos. A pesar de la presencia de la Ertzaintza, el acto hubo de ser suspendido por la presión de los radicales.
La presidenta del PP, María San Gil, se refirió ayer a este episodio y lamentó que «una vez más, quienes han decidido ejercer la violencia contra esta infraestructura consiguieron salirse con la suya».
San Gil acusó al Ejecutivo de Vitoria de ser «incapaz» de «garantizar unos mínimos democráticos y tomar las medidas pertinentes» en torno a una infraestructura que los populares juzgan «imprescindible y fundamental para el futuro de Euskadi».







