TRASVASES POLÉMICOS
Valencia y Murcia piden al Gobierno que no les discrimine con el agua
Las dos comunidades del PP y Aragón estudian respuestas jurídicas al 'minitrasvase' del Ebro a Barcelona
TUBERÍA de uno de los tramos del 'minitrasvase' del Ebro en Tarragona. / EFE
El agua, la sequía y de forma especial el 'minitrasvase' del Ebro desde Tarragona hasta Barcelona acordado entre el Gobierno central y la Generalitat llevan camino de provocar un conflicto entre comunidades. Las regiones en manos del PP que se sienten agraviadas por esa medida, Valencia y Murcia, acusaron ayer al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de tratarles como «autonomías de segunda» y anunciaron que estudiarán «acciones legales» para reclamar lo que el PSOE les negó: recibir agua del mismo río para consumo y regadío. También el Gobierno de Aragón, presidido por los socialistas, ha encargado un informe jurídico sobre una decisión que puede hacerse efectiva mañana en el Consejo de Ministros.
Los responsables regionales de Valencia y de Murcia redoblaron la presión con gruesas acusaciones de «provocación» y de «falta de equidad» contra Zapatero por permitir a Cataluña lo que derogó el jefe del Ejecutivo para el Levante -el trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno del PP- tras alcanzar el poder en 2004.
«No se nos puede castigar a quienes no votamos socialista», declaró el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel. El máximo dirigente murciano dijo no estar en contra de la medida adoptada para Barcelona, sino que pide que pueda extenderse a otras zonas afectadas por la sequía. Además, apuntó que «no sería ni mucho menos improbable» que decida, junto a Camps, «movilizar a la sociedad» de estas dos comunidades y a la de Almería para reclamar un agua que «es de España».
«Rectificación»
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que la primera comparecencia que pedirá su grupo en el Congreso será la de Rodríguez Zapatero, quien mantuvo ayer una conversación sobre el 'ministrasvase' con el presidente catalán, José Montilla, durante la sesión de apertura de la legislatura. Según la dirigente popular, el jefe del Ejecutivo debe explicar con urgencia «su rectificación en la política de aguas», al rechazar primero los trasvases entre cuencas y aceptar ahora una transferencia para Barcelona.
El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para comenzar el 1 de mayo las obras que permitirán bombear 50 metros cúbicos de los regantes tarraconenses hasta Barcelona ha obligado a los socialistas a jugar a la defensiva. De entrada, niegan que sea un trasvase, dado que «no reducirá el caudal del Ebro» al utilizarse agua de regadío ya desviada a Tarragona. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, insistía en que «no se ha autorizado ningún trasvase», y diferentes voces recordaron que la misma estrategia prevista para Barcelona se llevó a cabo la legislatura pasada con destino a Valencia y Murcia.
Mientras, el Gobierno de Aragón, en manos socialistas y que llevó a su Estatuto de Autonomía el deber de rechazar cualquier transferencia del Ebro, encargó ayer un informe para establecer jurídicamente si se trata «de un trasvase o no». También las cinco grandes ONG medioambientales rechazaron ayer de plano cualquier desvío de agua entre cuencas y afirmaron que, «lo llame como lo llame el Gobierno», el de Barcelona es exactamente eso: «un trasvase».
Los responsables regionales de Valencia y de Murcia redoblaron la presión con gruesas acusaciones de «provocación» y de «falta de equidad» contra Zapatero por permitir a Cataluña lo que derogó el jefe del Ejecutivo para el Levante -el trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno del PP- tras alcanzar el poder en 2004.
«No se nos puede castigar a quienes no votamos socialista», declaró el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel. El máximo dirigente murciano dijo no estar en contra de la medida adoptada para Barcelona, sino que pide que pueda extenderse a otras zonas afectadas por la sequía. Además, apuntó que «no sería ni mucho menos improbable» que decida, junto a Camps, «movilizar a la sociedad» de estas dos comunidades y a la de Almería para reclamar un agua que «es de España».
«Rectificación»
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que la primera comparecencia que pedirá su grupo en el Congreso será la de Rodríguez Zapatero, quien mantuvo ayer una conversación sobre el 'ministrasvase' con el presidente catalán, José Montilla, durante la sesión de apertura de la legislatura. Según la dirigente popular, el jefe del Ejecutivo debe explicar con urgencia «su rectificación en la política de aguas», al rechazar primero los trasvases entre cuencas y aceptar ahora una transferencia para Barcelona.
El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para comenzar el 1 de mayo las obras que permitirán bombear 50 metros cúbicos de los regantes tarraconenses hasta Barcelona ha obligado a los socialistas a jugar a la defensiva. De entrada, niegan que sea un trasvase, dado que «no reducirá el caudal del Ebro» al utilizarse agua de regadío ya desviada a Tarragona. La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, insistía en que «no se ha autorizado ningún trasvase», y diferentes voces recordaron que la misma estrategia prevista para Barcelona se llevó a cabo la legislatura pasada con destino a Valencia y Murcia.
Mientras, el Gobierno de Aragón, en manos socialistas y que llevó a su Estatuto de Autonomía el deber de rechazar cualquier transferencia del Ebro, encargó ayer un informe para establecer jurídicamente si se trata «de un trasvase o no». También las cinco grandes ONG medioambientales rechazaron ayer de plano cualquier desvío de agua entre cuencas y afirmaron que, «lo llame como lo llame el Gobierno», el de Barcelona es exactamente eso: «un trasvase».
