PRIMEROS PASOS
El Gobierno aprueba hoy el primer paquete de medidas contra la crisis
Aplazamiento de impuestos y avales oficiales para el sector del ladrillo
El vicepresidente Pedro Solbes, junto al nuevo ministro Miguel Sebastián. / IGNACIO GIL
La segunda reunión formal del nuevo gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero tendrá hoy como principal objetivo la aprobación de un paquete de medidas económicas, con las que el Gobierno quiere intentar reducir los efectos de la incipiente crisis, animar el consumo, poner algún parche en las dificultades de las familias para hacer frente a la escalada de precios de los alimentos y también de la financiación de sus viviendas, y compensar la pérdida de puestos de trabajo que se va a generar en el sector de la construcción. El conjunto de actuaciones ha sido cuantificado por el Ejecutivo en 10.000 millones de euros.
Algunas de estas medidas ya han trascendido y se conocen prácticamente todos los detalles fundamentales. Este es el caso de la devolución de una parte del Impuesto sobre la Renta, en concreto 400 euros para cada contribuyente, que se ha convertido en la medida más popular, aunque desde numerosos medios económicos se ha puesto en duda su eficacia real. Todo parece indicar que a esta devolución de impuestos tendrán acceso los trabajadores por cuenta ajena, los pensionistas y también los autónomos. Serán las empresas empleadoras las encargadas de gestionar el proceso, mediante la devolución de 200 euros en la nómina del mes de julio y el resto en los cinco meses restantes.
El vicepresidente Pedro Solbes ha asegurado que esta devolución -una apuesta ideada en plena campaña electoral por el ahora ministro de Industria, Miguel Sebastián- no será una acción coyuntural, sino que se consolidará en los próximos ejercicios. Ello anima a suponer que el Gobierno se va a inclinar por acometer una rebaja permanente del Impuesto sobre la Renta.
Inmobiliarias
En un intento por 'taponar' las vías de agua que se han abierto en algunas empresas de promoción inmobiliaria -cuyo descalabro puede provocar una reacción en cadena- y para garantizar que, al menos parcialmente, se mejorará el acceso a la financiación bancaria del sector, el Ejecutivo prepara también una línea de avales públicos. Eso sí, estarán destinados únicamente a aquellos promotores que construyan viviendas de protección oficial, que es el segmento inmobiliario al que el Gobierno quiere dar prioridad. Valorados en 3.000 millones de euros, se suman a la posibilidad de aplazar el pago de impuestos a las compañías con el objetivo de evitar eventuales suspensiones de pagos.
En la misma línea, el vicepresidente Solbes ya ha transmitido a la banca su intención de abaratar los costes de ampliación de las hipotecas, para facilitar la renegociación de los créditos de las familias que atraviesen dificultades. El Gobierno también ha pedido a los bancos que absorban parte del coste de estas operaciones.
También se esperan las primeras medidas de ampliación de las coberturas de desempleo para determinados colectivos, así como un plan de recolocación y formación de trabajadores del sector de la construcción que entren en situación de desempleo.
Entre las voces que se han destapado como 'moderadamente críticas' a esta batería de medidas del gabinete de Zapatero está la del gobernador del Banco de España y ex secretario de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ha llamado la atención sobre la importancia de mantener la disciplina presupuestaria y no incurrir en un excesivo gasto público.
Algunas de estas medidas ya han trascendido y se conocen prácticamente todos los detalles fundamentales. Este es el caso de la devolución de una parte del Impuesto sobre la Renta, en concreto 400 euros para cada contribuyente, que se ha convertido en la medida más popular, aunque desde numerosos medios económicos se ha puesto en duda su eficacia real. Todo parece indicar que a esta devolución de impuestos tendrán acceso los trabajadores por cuenta ajena, los pensionistas y también los autónomos. Serán las empresas empleadoras las encargadas de gestionar el proceso, mediante la devolución de 200 euros en la nómina del mes de julio y el resto en los cinco meses restantes.
El vicepresidente Pedro Solbes ha asegurado que esta devolución -una apuesta ideada en plena campaña electoral por el ahora ministro de Industria, Miguel Sebastián- no será una acción coyuntural, sino que se consolidará en los próximos ejercicios. Ello anima a suponer que el Gobierno se va a inclinar por acometer una rebaja permanente del Impuesto sobre la Renta.
Inmobiliarias
En un intento por 'taponar' las vías de agua que se han abierto en algunas empresas de promoción inmobiliaria -cuyo descalabro puede provocar una reacción en cadena- y para garantizar que, al menos parcialmente, se mejorará el acceso a la financiación bancaria del sector, el Ejecutivo prepara también una línea de avales públicos. Eso sí, estarán destinados únicamente a aquellos promotores que construyan viviendas de protección oficial, que es el segmento inmobiliario al que el Gobierno quiere dar prioridad. Valorados en 3.000 millones de euros, se suman a la posibilidad de aplazar el pago de impuestos a las compañías con el objetivo de evitar eventuales suspensiones de pagos.
En la misma línea, el vicepresidente Solbes ya ha transmitido a la banca su intención de abaratar los costes de ampliación de las hipotecas, para facilitar la renegociación de los créditos de las familias que atraviesen dificultades. El Gobierno también ha pedido a los bancos que absorban parte del coste de estas operaciones.
También se esperan las primeras medidas de ampliación de las coberturas de desempleo para determinados colectivos, así como un plan de recolocación y formación de trabajadores del sector de la construcción que entren en situación de desempleo.
Entre las voces que se han destapado como 'moderadamente críticas' a esta batería de medidas del gabinete de Zapatero está la del gobernador del Banco de España y ex secretario de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien ha llamado la atención sobre la importancia de mantener la disciplina presupuestaria y no incurrir en un excesivo gasto público.
