
La anciana ingresó hace veinte años en la residencia 'Os Gozos' de la fundación San Rosendo junto con su marido «ante la imposibilidad de atenderse por sí mismos y administrar su persona y bienes». El hombre estaba enfermo de Alzheimer y ella presentaba una demencia senil incipiente. Según la sentencia, el matrimonio tenía un «significado patrimonio inmobiliario y un importante capital en dinero» en un banco. Cuando el director de la sucursal quiso ponerse en contacto con los titulares para hacerles una serie de propuestas para rentabilizar el capital, tuvo que dirigirse a Benigno Moure. El sacerdote dijo entonces al responsable bancario que la fundación se hacía cargo de la administración y gestión del patrimonio. Como detalla la sentencia, fue entonces cuando al religioso le «surgió la idea» de «autorizarse» en las cuentas bancarias, «lo que la anciana María Vázquez Covela aceptó asintiendo con la cabeza y firmando».
Incapacitación
El estado en que quedó la mujer tras el fallecimiento de su marido, motivó que la fundación pidiese a la Fiscalía su incapacitación legal, decretada en noviembre de 2001, con el nombramiento como tutor de su sobrino y único heredero César Vázquez Romero. Hasta entonces, Moure estaba convencido de que María Vázquez carecía de familiares. El cura «actuó entonces como poseedor de sus bienes inmuebles y con la facilidad que le daba figurar como autorizado en las cuentas» transfirió «ilícitamente» todo su patrimonio a la fundación San Rosendo. El tribunal considera probado que Moure «se aprovechó del deterioro progresivo e irreversible de la capacidad intelectiva de la anciana y transfirió a cuentas de la fundación 495.758 euros y cargó gastos, sin soporte documental, por valor de otros 37.433 euros».
En relación a las casas y fincas que poseía la mujer, el religioso convenció a María para que firmase un contrato privado de venta de sus bienes «prevaliéndose del deterioro psíquico de la mujer y sin intención de abonarle dinero alguno». La anciana falleció en 2003 y fue entonces cuando su sobrino se enteró del entuerto y acudió a los juzgados. Ahora, finalmente, los tribunales han condenado al sacerdote a cinco años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida, además de la obligación de devolver 573.673 euros, más los intereses legales generados.







