VIZCAYA
El Gobierno central cuestiona la edificación de viviendas en la ribera del canal de Deusto
Remite al Ayuntamiento un informe «favorable» para modificar el plan urbanístico, pero recalca que «no se hace referencia» a los futuros pisos
LA ZONA DE LA POLÉMICA. Unos vecinos observan la franja de canal que se prevé rellenar en San Ignacio. / MAITE BARTOLOMÉ
EL PAPEL DE COSTAS
El polémico proyecto de rellenar un tercio del canal de Deusto para la construcción de pisos -enmarcado dentro del plan de regeneración de Zorrozaurre diseñado por Zaha Hadid- no sólo ha movilizado a los vecinos de la zona, que se oponen con fuerza a esta actuación: también ha 'obligado' a las instituciones con responsabilidad sobre el enclave a aclarar su postura respecto a las pretensiones de edificar en la ribera. Así, si hace una semana era el Puerto el que intentaba apartarse del 'tsunami' de críticas dejando la piedra sobre el tejado del Ayuntamiento -que debe aprobar primero las modificaciones de su plan urbanístico para que se pueda actuar en la zona-, ahora es el Gobierno central el que cuestiona «los usos residenciales que se barajan» para esos suelos.
Según ha podido saber este periódico, la Administración central, a través de la Dirección General de Costas, ha remitido al Ayuntamiento de Bilbao un «informe favorable» a los cambios del PGOU que da el beneplácito a los rellenos. Sin embargo, según matizaron desde este organismo, el dictamen ha sido positivo porque en las variaciones que el Consistorio ha sometido a su consideración «no se hace referencia alguna a la construcción de viviendas». «Remite a futuros planes especiales», revelaron.
Condicionantes legales
Por eso, las mismas fuentes señalaron su «sorpresa» al ver en la prensa algunas declaraciones de responsables institucionales que aseguraban que el Ministerio de Medio Ambiente comulgaba con la intención de construir viviendas, extremo que han desmentido de forma tajante. De hecho, sostuvieron que ni el Gobierno vasco, ni el Ayuntamiento ni la Autoridad Portuaria les han informado de este propósito. «Quizá antes querían lanzar unos globos sonda para ver la respuesta», deslizaron.
La omisión de este 'detalle' no es baladí, porque la Ley de Costas establece que está prohibido construir para fines residenciales en una franja de terreno de 20 metros de anchura -desde el límite de las pleamares- a lo largo del canal. En esta porción de terreno, según recordó la Administración central, «sólo pueden situarse espacios privados o públicos libres y abiertos, instalaciones deportivas descubiertas, plantaciones, áreas de acampada y equipamientos y servicios destinados a los usuarios de la costa, así como otras actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación». Y lo más importante: «queda expresamente prohibido el uso residencial de este suelo bajo cualquier modalidad: viviendas, apartamento o hoteles». Además, los expertos de la Administración central advierten de que la lámina de agua -bajo la tutela de la Autoridad Portuaria- también está sujeta a condicionantes similares, establecidos por la Ley de Puertos.
De este modo, con la desvinculación del Puerto y de la Administración central del plan para edificar pisos en la orilla de San Ignacio, le toca al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Bilbao convertirse en sus principales paladines.
En el ámbito municipal, donde los partidos de la oposición se han sumado al rechazo ciudadano, está a punto de librarse una batalla crucial: la aprobación de las modificaciones del PGOU. Según recientes declaraciones del propio alcalde, Iñaki Azkuna, esto podría ocurrir «en el próximo pleno», que se celebra este jueves, «o en el que viene». Al equipo de gobierno -que defiende la realización de los rellenos para alinear la ría con el compromiso de consensuar después «lo que va encima»- le urge la agilización del proceso, ya que hay empresas interesadas en implantarse en la ribera de Deusto.
Según ha podido saber este periódico, la Administración central, a través de la Dirección General de Costas, ha remitido al Ayuntamiento de Bilbao un «informe favorable» a los cambios del PGOU que da el beneplácito a los rellenos. Sin embargo, según matizaron desde este organismo, el dictamen ha sido positivo porque en las variaciones que el Consistorio ha sometido a su consideración «no se hace referencia alguna a la construcción de viviendas». «Remite a futuros planes especiales», revelaron.
Condicionantes legales
Por eso, las mismas fuentes señalaron su «sorpresa» al ver en la prensa algunas declaraciones de responsables institucionales que aseguraban que el Ministerio de Medio Ambiente comulgaba con la intención de construir viviendas, extremo que han desmentido de forma tajante. De hecho, sostuvieron que ni el Gobierno vasco, ni el Ayuntamiento ni la Autoridad Portuaria les han informado de este propósito. «Quizá antes querían lanzar unos globos sonda para ver la respuesta», deslizaron.
La omisión de este 'detalle' no es baladí, porque la Ley de Costas establece que está prohibido construir para fines residenciales en una franja de terreno de 20 metros de anchura -desde el límite de las pleamares- a lo largo del canal. En esta porción de terreno, según recordó la Administración central, «sólo pueden situarse espacios privados o públicos libres y abiertos, instalaciones deportivas descubiertas, plantaciones, áreas de acampada y equipamientos y servicios destinados a los usuarios de la costa, así como otras actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación». Y lo más importante: «queda expresamente prohibido el uso residencial de este suelo bajo cualquier modalidad: viviendas, apartamento o hoteles». Además, los expertos de la Administración central advierten de que la lámina de agua -bajo la tutela de la Autoridad Portuaria- también está sujeta a condicionantes similares, establecidos por la Ley de Puertos.
De este modo, con la desvinculación del Puerto y de la Administración central del plan para edificar pisos en la orilla de San Ignacio, le toca al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Bilbao convertirse en sus principales paladines.
En el ámbito municipal, donde los partidos de la oposición se han sumado al rechazo ciudadano, está a punto de librarse una batalla crucial: la aprobación de las modificaciones del PGOU. Según recientes declaraciones del propio alcalde, Iñaki Azkuna, esto podría ocurrir «en el próximo pleno», que se celebra este jueves, «o en el que viene». Al equipo de gobierno -que defiende la realización de los rellenos para alinear la ría con el compromiso de consensuar después «lo que va encima»- le urge la agilización del proceso, ya que hay empresas interesadas en implantarse en la ribera de Deusto.
