La denuncia está motivada por la consulta llevada a cabo sobre la 'Y' vasca en este municipio alavés en septiembre de 2007, a pesar de que había sido suspendida por un juzgado. Los citados ediles, que se mostraron «a favor de perseguir y castigar» a quienes cometan delitos como los imputados a Agirre, se preguntaron «con qué dinero se van a pagar los más de 6.000 millones de euros destinados a un proyecto despilfarrador en lo económico, insostenible en lo medioambiental e injusto en lo social». «Conocemos perfectamente a políticos que por sus intereses malversan caudales públicos hacia sus bolsillos o los bolsillos de sus amigos», añadieron.







