GENERAL
El Gobierno dice «alto y claro» al PP que no reabrirá el debate sobre el trasvase del Ebro
Los consejeros populares reclaman una «revisión» de la política hídrica
20.04.08 -
Los consejeros responsables de los recursos hídricos de todas las comunidades autónomas, incluidos los del PP, respaldaron ayer el 'minitrasvase' de agua de Tarragona a Barcelona por tratarse de una medida de carácter excepcional y urgente, durante la reunión de más de tres horas que mantuvieron ayer con la ministra de Medio Ambiente. Elena Espinosa se mostró rotunda al segurar que esta conducción para abastecer a la Ciudad Condal no cambia la política del Gobierno en esta materia y dijo «alto y claro» que en ningún momento se va a reabrir el debate sobre el trasvase del Ebro, «cuya derogación se mantiene», zanjó.
Sin embargo, de las consecuencias de esta iniciativa, aprobada el viernes por un decreto ley, los representantes del Gobierno y del principal partido de la oposición obtuvieron unas conclusiones diametralmente opuestas. Los consejeros del PP interpretaron al término de la reunión que el Gobierno ha optado ahora por cambiar su política hídrica, se felicitaron por ello y le conminaron, en consecuencia, a «revisar la situación del conjunto de España».
«Abre ventanas»
Y eso que Espinosa se esforzó en dejar meridianamente claro que la conducción de agua a Barcelona -el Ejecutivo ha proscrito el uso de la palabra trasvase- no supone cambio sustancial alguno en la política mantenida durante la anterior legislatura, cuando se adoptaron medidas similares para abastecer de agua a Valencia, Alicante y Murcia. Incluso se remontó a la década de los noventa para recordar que también se llevaron a cabo iniciativas parecidas para paliar la sequía en Bilbao y Benidorm.
La ministra hizo hincapié en que el 'minitrasvase' está motivado por una «situación excepcional, de emergencia», toda vez que Barcelona ha registrado los índices de lluvia más bajos de los últimos 60 años. Reiteró que será posible por las aportaciones de los regantes y no supondrá un nulo impacto ambiental para el río Ebro. La ministra señaló que en ningún momento de la reunión los consejeros del PP de Valencia y Aragón hablaron de un posible recurso contra la medida ante el Tribunal Constitucional, una iniciativa anunciada por los presidentes de sendos Ejecutivos autonómicos, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.
Pese a la insistencia de la ministra por recalcar que la política hídrica no ha cambiado «un ápice», los representantes del PP obtuvieron una impresión distinta. La consejera de Castilla y León, María Jesús Ruiz, en nombre de todos ellos, mostró su satisfacción por la medida adoptada con Barcelona, máxime cuando, a su juicio, supone «rectificar una política errónea de los cuatro años anteriores y se entra en una senda clara de entendimiento». En su opinión, lo que resta ahora es revisar el Plan Hidrológico Nacional y «garantizar los recursos» a todos los territorios . El consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Bonet, coincidió con el de Valencia en que la reunión debería haberse celebrado antes de la aprobación del decreto ley, si bien cree que «abre una serie de ventanas» para actuar igual con comunidades, como la suya, que necesitan agua en 184 de sus localidades.
Sin embargo, de las consecuencias de esta iniciativa, aprobada el viernes por un decreto ley, los representantes del Gobierno y del principal partido de la oposición obtuvieron unas conclusiones diametralmente opuestas. Los consejeros del PP interpretaron al término de la reunión que el Gobierno ha optado ahora por cambiar su política hídrica, se felicitaron por ello y le conminaron, en consecuencia, a «revisar la situación del conjunto de España».
«Abre ventanas»
Y eso que Espinosa se esforzó en dejar meridianamente claro que la conducción de agua a Barcelona -el Ejecutivo ha proscrito el uso de la palabra trasvase- no supone cambio sustancial alguno en la política mantenida durante la anterior legislatura, cuando se adoptaron medidas similares para abastecer de agua a Valencia, Alicante y Murcia. Incluso se remontó a la década de los noventa para recordar que también se llevaron a cabo iniciativas parecidas para paliar la sequía en Bilbao y Benidorm.
La ministra hizo hincapié en que el 'minitrasvase' está motivado por una «situación excepcional, de emergencia», toda vez que Barcelona ha registrado los índices de lluvia más bajos de los últimos 60 años. Reiteró que será posible por las aportaciones de los regantes y no supondrá un nulo impacto ambiental para el río Ebro. La ministra señaló que en ningún momento de la reunión los consejeros del PP de Valencia y Aragón hablaron de un posible recurso contra la medida ante el Tribunal Constitucional, una iniciativa anunciada por los presidentes de sendos Ejecutivos autonómicos, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.
Pese a la insistencia de la ministra por recalcar que la política hídrica no ha cambiado «un ápice», los representantes del PP obtuvieron una impresión distinta. La consejera de Castilla y León, María Jesús Ruiz, en nombre de todos ellos, mostró su satisfacción por la medida adoptada con Barcelona, máxime cuando, a su juicio, supone «rectificar una política errónea de los cuatro años anteriores y se entra en una senda clara de entendimiento». En su opinión, lo que resta ahora es revisar el Plan Hidrológico Nacional y «garantizar los recursos» a todos los territorios . El consejero de Medio Ambiente de Aragón, Alfredo Bonet, coincidió con el de Valencia en que la reunión debería haberse celebrado antes de la aprobación del decreto ley, si bien cree que «abre una serie de ventanas» para actuar igual con comunidades, como la suya, que necesitan agua en 184 de sus localidades.
