por vulnerar el derecho al honor
El delegado del Gobierno requiere que se retire el nombre de Argala a una plaza de Arrigorriaga
Paulino Luesma advierte de que impugnará el acuerdo municipal ante la jurisdicción contencioso administrativa
21.04.08 - 18:05 -
Vista parcial de la Plaza Argala, en Arrigorriaga.
El 16 de abril pasado, el alcalde de Arrigorriaga remitió a la Delegación del Gobierno la certificación de que el 30 de noviembre de 1979 el pleno del Ayuntamiento llevó a cabo un cambio en la denominación de diferentes calles del Municipio y, entre ellas, acordó dar el nombre de 'Argalaren Enparantza' a una plaza del pueblo, en memoria de José Manuel Beñaran Ordeñana, "Argala", destacado miembro de ETA que fue asesinado en Anglet (Francia) en 1978.
Además de Arrigorriaga, el pasado 2 de abril, la Delegación del Gobierno requirió a los alcaldes de Leioa, San Sebastián, Astigarraga, Elgeta, Zizurkil, Etxebarri, Amorebieta y Durango para que fueran remitidas en el plazo de un mes la copia o el extracto del acuerdo municipal correspondiente por el que, en su día, se acordó atribuir a determinadas vías públicas de sus municipios el nombre de miembros o personas relacionadas con la banda terrorista ETA.
El delegado del Gobierno considera que la existencia de una plaza pública con el nombre de miembros de ETA supone una vulneración del derecho fundamental al honor y un atentado contra la dignidad, no sólo de las víctimas del terrorismo, sino de toda la sociedad que, "desde hace muchos años, viene sufriendo las consecuencias de la actividad de la banda terrorista y ello, en atención a la interpretación que del derecho fundamental al honor y la dignidad de la persona ha realizado el Tribunal Constitucional".
Acuerdo nulo
El acuerdo del Ayuntamiento de Arrigorriaga es nulo de pleno derecho en la medida en que vulnera el derecho fundamental al honor de las víctimas de los delitos cometidos por "Argala" en la interpretación que el Tribunal Constitucional ha realizado de este derecho fundamental y de su relación con la dignidad de la persona reconocida en la Constitución.
Argumenta la nulidad del acuerdo además en la doctrina constante emanada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por la que se establece que es contrario a Derecho que una institución pública adopte acuerdos de enaltecimiento de personas por su relación con una actividad contraria al ordenamiento jurídico.
