
El proceso de adquisición no es nuevo pues se inició el pasado año con la compra de cinco parcelas. Entre los criterios utilizados, prima que el terreno esconda zonas que configuraban espacios comunes de la ciudad. De hecho, las fincas están clasificadas en función de su potencialidad arqueológica para que la Diputación anteponga una compra a otra. Como el yacimiento está considerado una zona de interés cultural, la Administración pública puede recurrir a la expropiación forzosa -mediante la vía del justiprecio- si el propietario se niega a vender su parcela.
Ahora, según explicó el juntero del PNV Ramiro González, la zona vallada del yacimiento tiene una extensión de unas 10 hectáreas. Sin embargo, existen estimaciones que multiplican por doce el área que podría albergar restos de la ciudad romana. Buena parte de esta prolongación afecta a eriales y terrenos de cultivo, de ahí que las Juntas instaran a la Diputación a que los adquiera para evitar «posibles deterioros derivados» de desarrollos urbanísticos o industriales.
La iniciativa llegó a la Cámara de la mano de la procuradora del PP Carmen Asiain, quien advirtió de la necesidad de cuidar uno de los «legados más importantes del patrimonio histórico de Álava». A su propuesta se sumó una del juntero de EA Lauren Uría para que el Gabinete Agirre pueda distribuir el impacto económico de estas adquisiciones -se desconoce la cantidad- en sucesivos ejercicios presupuestarios, hasta 2011.
Además del respaldo del PP y el tripartito, la iniciativa también fue apoyada por los socialistas, quienes incluyeron en el texto transaccionado un tercer punto para que la Diputación presente en las Juntas el plan de conservación y ampliación del yacimiento «en el menor plazo posible».









