
Los hechos por los que han sido juzgados y ahora condenados ocurrieron el 9 de junio de 2006. Ese día, los cuatro sindicalistas encabezaban una protesta por la «privatización» de algunos servicios municipales y la falta de acuerdo en el convenio, a la que se sumaron unos cien funcionarios. Según el relato del magistrado -que cuenta con la conformidad de los procesados-, la manifestación pasaba por Mateo de Moraza cuando los acusados golpearon la puerta trasera de la Casa Consistorial tratando de acceder al interior. Un policía municipal frustró el intento.
Más tarde, intentaron llevar a cabo la misma acción en la plaza de España, a través de la puerta del Registro. Pese a la advertencia de otros dos agentes, los delegados de las centrales aprovecharon que una mujer salía del Consistorio para entrar.
Hasta la Alcaldía
Una vez dentro, «arrollaron» a otros dos municipales para traspasar una segunda puerta. El documento judicial relata que en el forcejeo, Miguel Alfredo Hernández «cogió una maceta e intentó arrojarla contra un agente que se encontraba en el suelo».
Los manifestantes lograron llegar hasta el rellano donde se encuentran los despachos de los concejales y la Alcaldía. Dos policías y unos escoltas privados se parapetaron tras una mesa para intentar de nuevo y sin éxito contenerlos. Un agente sacó una porra e inició un forcejeo con José Ramón Uriarte, entonces máximo representante de los funcionarios municipales, en el que éste intento arrebatarle la defensa.
A consecuencia de los disturbios, tres municipales sufrieron distintas lesiones para cuya curación precisaron de 10 días de baja, 5 y 8 días no incapacitantes, respectivamente. Los acusados provocaron, asimismo, daños materiales en la Casa Consistorial por valor de 140,45 euros.
El juez considera que los hechos suponen un delito de atentado contra los agentes de la autoridad, tres delitos de lesiones y una falta de daños. Por todo ello, condena a Uriarte, Ugarte, Gorbea y Hernández a seis meses de prisión. Los cuatro procesados podrán reemplazar esas penas por una multa de doce meses a razón de tres euros al día por el primer delito; tres meses de sanción con una cuota diaria de 3 euros y otros diez días de multa con la misma cantidad, cada uno de ellos.
Asimismo, deberán abonar de forma conjunta 500, 180 y 288 euros a los tres policías que resultaron heridos. En total, los cuatro sindicalistas tendrán que pagar una suma total de casi 6.800 euros, además de hacer frente a las costas judiciales. La resolución es firme, por lo que no cabe interponer ningún recurso.









