
LOS PROYECTOS
El Ayuntamiento quiere derribar los cuatro viejos bloques y en su lugar construir un total de 63 viviendas -en la actualidad hay 39-, con sus respectivos locales, o lo que es lo mismo, duplicar la superficie construida. Eso sí, para cumplir con la Ley del Suelo, veintitrés pisos serían de promoción pública, entre VPO y tasados. También se ofertarían 110 aparcamientos para los residentes.
Y, como es lógico, aumentaría la altura de los edificios. Según los datos facilitados por Alonso, los inmuebles, que ahora cuentan con planta baja, dos alturas y ático, pasarían a tener planta baja, cuatro, cinco y hasta seis alturas más ático. «Es el proyecto más serio de todos los que se han presentado hasta ahora. Hay que tener en centa que llevamos siete años sin materializar ninguna iniciativa», apuntó.
El responsable de Urbanismo recordó que cualquier reforma del entorno de la plaza de los Guardias se realizará «de la mano de los residentes». De hecho, un portavoz municipal autorizado confirmó a este periódico que durante la reunión de ayer, los representantes legales aseguraron que «el 80% de los vecinos están de acuerdo con emprender la rehabilitación integral.
Otro contencioso que puede ver la luz «en breve», si se cumplen las previsiones optimistas del 'número dos' del Gabinete Lazcoz, es el del polígono de José Mardones, que lleva bloqueado más de una década. Alonso confía en que los promotores den «el OK» a las modificaciones planteadas por el Ayuntamiento en una de las parcelas donde se construirán 28 viviendas y diferentes equipamientos para el barrio.
«Esperamos a que los promotores traigan el nuevo proyecto. Yo sólo confío en su palabra, pero es la suya, no la mía», enfatizó Alonso a preguntas del portavoz Mikel Martínez, del PNV.
Subasta pública
El político jeltzale le recordó al responsable de Urbanismo que debe «hacer valer el principio de autoridad» porque «va siendo hora de que se tome cartas en el asunto. Llevamos diez años con el mismo tema y nos afecta ya a la credibilidad como institución».
Alonso reconoció que en el caso de no llegar a un acuerdo, el Ayuntamiento podría acogerse a la ley del suelo y obligar a edificar, sacando la parcela a subasta pública.









