ÁLAVA
Llodio recurrirá el fallo de los pisos tasados de José Matía
Los juristas creen que las posibilidades de que prospere son escasas Los ediles opinan que el Ayuntamiento «podría haber actuado mejor»
23.04.08 -
LLODIO. Los pisos se ubican en José Matía. / JOSÉ MONTES
A pesar de las escasas posibilidades de que prospere, el Ayuntamiento llodiano recurrirá ante la Audiencia Provincial de Vitoria el fallo judicial que desestimaba la denuncia interpuesta contra Construcciones Pagolar. La demanda se presentó para intentar recuperar el derecho de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento respecto a 45 pisos de precio tasado levantados por la constructora en la calle José Matía.
Ante la dificultad de hacer efectivo este derecho una vez inscritas las escrituras en el Registro sin que se contemplara la posibilidad de que el Ayuntamiento sea el primer comprador en el caso de que se venda la casa, la Corporación estimó el valor del daño causado en 589.000 euros, que reclamaba a la empresa. Pero el fallo emitido por el Juzgado de Amurrio considera que el Ayuntamiento debe darse por satisfecho con la fianza de 50.000 euros que la empresa entregó antes de iniciar las obras.
Los informes jurídicos del Ayuntamiento apuntan ahora que la sentencia está «muy bien fundamentada» y que las posibilidades de que el recurso prospere son escasas. A pesar de todo, «la posición unánime es que hay que defender el interés municipal», según explicó el alcalde de Llodio, Jon Karla Menoyo, que también reconoció las «dificultades» del recurso.
Desde ANV, su portavoz Gaizka Amorrortu, defendió la presentación del recurso porque «la sentencia nos parece injusta, dado que el patrimonio público pasa a manos privadas». Respecto a las responsabilidades, Amorrortu insistió en que la Corporación que redactó los pliegos para construir los pisos, liderada por Pablo Gorostiaga, «tenía la intención de hacer casas baratas y que no se especulara con ellas». ANV achaca la responsabilidad de que el Ayuntamiento haya perdido su derecho de tanteo y retracto en primer lugar al «registrador, que no avisó de que no se podría inscribir ese derecho». Después, a los servicios jurídicos municipales sobre los que se pregunta «¿qué hicieron?» y al equipo liderado por Menoyo, que «no controló las escrituras de compraventa». El alcalde replicó que la Corporación que le precedió, con Pablo Gorostiaga a la cabeza, «tenía las herramientas para defender el derecho municipal, pero no lo hizo y pretenden trasladar las responsabilidades a otros».
Supervisión
Todos los corporativos consultados coinciden en señalar que el Ayuntamiento no supervisó correctamente sus derechos. Carlos Urquijo, del PP, indicó que «se podrían haber hecho mejor las cosas» y también descartó, como el resto de los portavoces, que se haya planteado la posibilidad de realizar una investigación interna para comprobar cuáles fueron los fallos cometidos en el proceso.
Para el socialista Juan Antonio Larisgoitia, «con el recurso, los procesos judiciales se dilatan en el tiempo y al final, quedan para el que viene detrás». Añadió que «los juristas entienden que las posibilidades de que el recurso prospere, son escasas».
Ante la dificultad de hacer efectivo este derecho una vez inscritas las escrituras en el Registro sin que se contemplara la posibilidad de que el Ayuntamiento sea el primer comprador en el caso de que se venda la casa, la Corporación estimó el valor del daño causado en 589.000 euros, que reclamaba a la empresa. Pero el fallo emitido por el Juzgado de Amurrio considera que el Ayuntamiento debe darse por satisfecho con la fianza de 50.000 euros que la empresa entregó antes de iniciar las obras.
Los informes jurídicos del Ayuntamiento apuntan ahora que la sentencia está «muy bien fundamentada» y que las posibilidades de que el recurso prospere son escasas. A pesar de todo, «la posición unánime es que hay que defender el interés municipal», según explicó el alcalde de Llodio, Jon Karla Menoyo, que también reconoció las «dificultades» del recurso.
Desde ANV, su portavoz Gaizka Amorrortu, defendió la presentación del recurso porque «la sentencia nos parece injusta, dado que el patrimonio público pasa a manos privadas». Respecto a las responsabilidades, Amorrortu insistió en que la Corporación que redactó los pliegos para construir los pisos, liderada por Pablo Gorostiaga, «tenía la intención de hacer casas baratas y que no se especulara con ellas». ANV achaca la responsabilidad de que el Ayuntamiento haya perdido su derecho de tanteo y retracto en primer lugar al «registrador, que no avisó de que no se podría inscribir ese derecho». Después, a los servicios jurídicos municipales sobre los que se pregunta «¿qué hicieron?» y al equipo liderado por Menoyo, que «no controló las escrituras de compraventa». El alcalde replicó que la Corporación que le precedió, con Pablo Gorostiaga a la cabeza, «tenía las herramientas para defender el derecho municipal, pero no lo hizo y pretenden trasladar las responsabilidades a otros».
Supervisión
Todos los corporativos consultados coinciden en señalar que el Ayuntamiento no supervisó correctamente sus derechos. Carlos Urquijo, del PP, indicó que «se podrían haber hecho mejor las cosas» y también descartó, como el resto de los portavoces, que se haya planteado la posibilidad de realizar una investigación interna para comprobar cuáles fueron los fallos cometidos en el proceso.
Para el socialista Juan Antonio Larisgoitia, «con el recurso, los procesos judiciales se dilatan en el tiempo y al final, quedan para el que viene detrás». Añadió que «los juristas entienden que las posibilidades de que el recurso prospere, son escasas».
